La negativa herencia que el Gobierno de la ya expresidenta Susana Díaz deja al nuevo Ejecutivo no se reduce a la ocultación de pacientes de la listas de espera públicas, o al lastre que supone la creación de una Administración paralela, con sus propios funcionarios. Además, debe destacarse la carga que suponen las sentencias judiciales condenatorias que la Junta acumula por errores o malas prácticas administrativas.
Ese lastre ya se eleva a 762 millones, por hechos como los sobrecostes imputados a las obras del Metro de Sevilla. Se trata de unos compromisos que el Gobierno de PP y Ciudadanos tiene que satisfacer con la mayor celeridad que le permitan sus posibilidades presupuestarias.
Continuando con el ejemplo del Metro sevillano, los intereses que supone demorar los pagos implican un alza de la deuda en 300.000 euros cada mes. No puede permitirse que esta deuda siga creciendo y absorbiendo recursos derivados de los impuestos de los andaluces. Pero en segundo lugar también urge remediar la inaudita litigiosidad que los numerosos errores de procedimiento de la Administración de Susana Díaz provocó.
Los 762 millones derivados de sentencias judiciales adversas se acumularon tan sólo entre los años 2016 y 2019. Es posible que afloren nuevos conflictos y así lo teme el equipo del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla. Por ello resulta un adecuado paso, crear como ya ha hecho la Junta, una comisión interdepartamental que trabaje para buscar acuerdos que eviten llegar a los tribunales y que sigan acumulándose sentencias contrarias. Pero, sobre todo, urge que la nueva Administración muestre el rigor y escrupulosidad en su proceder del que tan a menudo careció su antecesora.