Las cuestiones económicas han entrado de lleno en el fango electoral. Pensiones, déficit, deuda pública, impuestos... Los partidos ya empiezan a manejar sus argumentos al respecto -bastante habían tardado en hacerlo- para convencer a los españoles en cederles su voto.
Una de las promesas que más se repiten tiene que ver con, precisamente, la supresión de impuestos. No solo el de Sucesiones y Donaciones, sino también los de Actos Jurídicos Documentados (AJD) o Patrimonio, Todas tasas de origen estatal pero cuya recaudación va a parar de forma íntegra a las arcas autonómicas, caninas por la infrafinanciación de las regiones.
De hecho, cuando el Partido Popular y Ciudadanos reclamaron al Gobierno que, tras la famosa sentencia del Tribunal Supremo sobre hipotecas de noviembre, suprimiera el propio impuesto de AJD, al menos en el caso de hipotecas, la ministra Montero les reprochó que esos fondos eran necesarias para las regiones, incluidas las gobernadas por el PP.
Paliando los pecados del Estado
Se podría entender, de esta manera, que estos impuestos están paliando el pecado estatal de tener infrafinanciadas las regiones. Obviamente son parches, no solucionan el problema, pero al menos lo palían en casos tan desesperados como el de Comunidad Valenciana, una autonomía que repite números rojos un año tras otro. Sobre todo si se tiene en cuenta que la infrafinanciación autonómica total está valorada en, al menos, 20.000 millones de euros.
Por ello, las propuestas alrededor de los citados impuestos -tanto su supresión como su estabilización o armonización nacional- deberían formar parte de un plan general para abordar la economía y financiación autonómicas. No se trata de asuntos aislados, sino de un todo fundamental para la economía regional. Sin embargo, una iniciativa de este tipo sería milagrosa, visto que este es un jardín al que poco se están acercando los partidos políticos en esta precampaña electoral.