El borrador del Real Decreto del Estatuto de Consumidores Electrointensivos ha roto las esperanzas de una gran parte de la industria básica española con gran consumo de energía que confiaba en que hiciera realidad unas condiciones de suministro eléctrico similares a las que, desde hace años, disfrutan sus competidores europeos. Nuestra industria es un motor de arrastre de la economía nacional y su situación debería preocuparnos a todos.
El Gobierno se puso las pilas tras el anuncio del cierre de algunas plantas, en otoño de 2018, y desde entonces ha trabajado para cumplir el mandato recibido de la Ley 20/2018 de 7 de diciembre con la intención de aprobar en seis meses el tan reclamado Estatuto de los Consumidores Electrointensivos presentando esta semana su borrador.
Las medidas no llegan a compensar el elevado diferencial del coste energético de un industrial español en referencia a sus mayores competidores
Reconocemos la labor desarrollada por el Ejecutivo hasta la fecha, pero nuestra opinión es que el borrador, sin duda, es insuficiente y no soluciona el grave problema que sufren las empresas, que no tendrán futuro si no se les propicia un precio eléctrico competitivo para continuar produciendo y contribuyendo a la economía española, a su empleo y exportaciones.
Para nuestras industrias electrointensivas, las medidas presentadas no llegan a compensar el elevado diferencial del coste energético de un industrial español en referencia a sus mayores competidores. Les pongo en contexto: con datos de 2017 y 2018, el precio final que pagaron los industriales españoles fue 20/ MWh más que el de sus colegas franceses y 25/ MWh por encima del de los alemanes. Sin duda un diferencial que hace muy difícil la competitividad en empresas en las que la electricidad puede llegar a significar el 50 por ciento de sus costes.
Las dos primeras medidas incluidas en el borrador, es decir la encaminada a eximir la financiación de la interrumpibilidad y la de reducción de los pagos por capacidad, suponen transitoriamente para la industria electrointensiva un descuento de menos de 2 / MWh, muy lejos de los 20 ó 25 euros citados como diferencial de precios con alemanes y franceses. Además, vemos con preocupación el previsible incremento de los precios eléctricos con la eliminación de la suspensión temporal del impuesto a la producción a partir del próximo 1 de abril, que seguro superaría esos 2 /MWh.
La compensación por el CO2 indirecto, también incluida en el borrador, ya estaba aprobada con anterioridad, si bien con incertidumbre presupuestaria en su dotación económica. Ahora, se habla de una compensación del CO2 indirecto claramente inferior a los 200 millones de euros anuales ya autorizados por Bruselas hace unos días.
Las empresas asociadas en AEGE suman más de 20.000 millones de euros de facturación anual y más de 186.000 puestos de trabajo
El conjunto de medidas recogidas en el borrador supone 112 millones de euros, cifra que dista mucho de las compensaciones globales que reciben nuestros competidores europeos.
El borrador y su memoria económica reflejan la voluntad del Gobierno -y, seguro, la de todos los partidos políticos-, por mejorar la competitividad de nuestras industrias electrointensivas porque saben cuál es su importancia capital para la economía y el empleo estable y de calidad del país, basta decir que las empresas asociadas en AEGE suman más de 20.000 millones de euros de facturación anual y más de 186.000 puestos de trabajo.
La propia memoria económica del proyecto de Real Decreto reconoce que quedan pendientes de desarrollo otros mecanismos que exigirán un mayor rango normativo, como son los que afectan a la fiscalidad energética y a los peajes de acceso a redes. En referencia a estos dos conceptos y de aprobarse las propuestas que presenta AEGE, supondrían un impacto de 14€/MWh, que junto con las que recoge ya el borrador permitirían lograr la armonización de coste del suministro eléctrico. Por tanto, el Estatuto debería recoger esas otras medidas, aun cuando su efectividad se produzca una vez que se desarrolle la regulación necesaria, tal como se prevé para los contratos bilaterales de suministro de electricidad a largo plazo.
Es preciso que el Estatuto proporcione seguridad jurídica y certidumbre para garantizar la competitividad del suministro eléctrico a las plantas industriales beneficiarias. Por ello, instamos al Gobierno y a los partidos políticos a aunar esfuerzos en apoyo de la industria para lograr la convergencia con Europa en coste eléctrico.
