
Aunque el Gobierno dispondrá de potestad legislativa durante dos meses más, Fomento asume que falta tiempo para lanzar otra propuesta de reforma del alquiler inmobiliario. Con todo, el Ejecutivo sí ve posible dar los pasos para delegar en las autonomías y los ayuntamientos la competencia para regular esta actividad.
Se trata de un paso muy arriesgado. En primer lugar, debido a que vuelve a abrir la puerta a que se establezca una regulación de precios, como Podemos reclama, que atenta por completo contra la libertad de mercado.
Pero, además, existe el riesgo de que el Gobierno repita el error que ya cometió en el conflicto entre el taxi y las VTC. Delegar su solución en otros niveles de la Administración, lejos de solucionar el problema, sOlo lo pospone.