La instrucción de la causa judicial sobre los presuntos servicios ilegales que el excomisario Villarejo prestó a BBVA da un salto cualitativo, que amenaza con tener graves consecuencias para el banco. Por primera vez, el juez identifica expresamente, como objeto de sus investigaciones, al actual presidente de honor de la entidad, Francisco González.
Lo hace además por partida doble, ya que el magistrado analizará las posibles relaciones entre González y Villarejo, y también la hipotética vinculación de ambos con el incendio en el edificio Windsor en 2005, un siniestro que, según el auto, pudo ser provocado para destruir pruebas. Sobre esta base, la posibilidad de que González acabe imputado es cada vez mayor, lo que comprometería todavía más la imagen del banco al que aún pertenece.
Con todo, sería ingenuo pensar que los perjuicios que BBVA afronta acaban de descubrirse. Muy al contrario, ya antes de saberse este giro en la instrucción judicial, el propio banco admitió ante la CNMV que afronta el riesgo de "un impacto" para el grupo en lo que a su reputación se refiere, e incluso también para su "patrimonio".
Sin embargo, lo que resulta inaudito es que el reconocimiento de esa realidad no impulse a la entidad a avanzar hacia la que es la única salida para tan peligrosa situación: demandar a González que renuncie a la Presidencia de honor.
La tolerancia con el enrocamiento del antiguo primer espada de la entidad no solo exige hacer oídos sordos a instituciones de tanto peso como el BCE, Economía o la propia CNMV. Supone, sobre todo, asumir el alto coste de un deterioro creciente e inútil, tanto en su credibilidad como en su imagen a ojos de reguladores, inversores y clientes.
