El Congreso rechazó la convalidación del decreto con el que el Gobierno combatía el encarecimiento del alquiler de vivienda. El Ejecutivo no aceptó la injustificable exigencia de Podemos de intervenir los precios y el partido morado votó en contra y logró su verdadero objetivo: lanzar un aviso al Gobierno acerca de lo caro que está dispuesto a vender su apoyo a los Presupuestos de 2019. Y, para ello, no tuvo problemas en dejar en letra mojada las indudables mejoras que el decreto contenía.
Así, las condiciones de arrendamiento vuelven a la casilla de salida con contratos de tres años (ya no de cinco) y sin límites en los avales exigibles. Podemos propicia así un retroceso, que puede ser aún más perjudicial si el Gobierno decide ahora ceder a sus imposiciones.