Madrid
La llegada del proyecto de Presupuestos al Congreso sirvió para que el Gobierno reafirmara las múltiples alzas de impuestos de las Cuentas de 2019. Como en ocasiones anteriores, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió que la clase media y las pymes no se verán afectadas, ya que el esfuerzo recaerá en las grandes empresas y el sector financiero.
La primera parte del argumento, la que se refiere al limitado alcance de las subidas fiscales, es de por sí muy cuestionable. Basta con considerar el amplio impacto que una subida del diésel puede implicar. Pero aún más en tela de juicio debe colocarse la pretensión de que las alzas fiscales que se focalizan en los grandes grupos son más lícitas.
Tal presunción se basa en el prejuicio de asociar automáticamente firmas de gran tamaño y evasión fiscal, al tiempo que se olvida que estas corporaciones ya pagan de media un tipo efectivo en Sociedades superior al 15% y asumen el impacto de medidas como la continua subida de la base máxima de cotización.
El sector ya acumula 13.500 despidos en el inicio del año
Pero, además, se ignora que, pese a la fortaleza de estas corporaciones, notan intensamente factores como la inestabilidad en el contexto internacional o la desaceleración del PIB nacional. Lo prueban los 13.500 despidos que este sector ya acumula.
La situación no mejorará si se eleva sobre ellas la presión fiscal, ya sea a través de los Presupuestos o, si estos no se aprueban, mediante decretos-ley específicos o nuevos impuestos como la tasa a las transacciones financieras.
El Gobierno defiende que quiere evitar todo daño a las clases medias y pymes, pero nada las salvará de sufrir graves perjuicios, en caso de que este tipo de firmas dejen de invertir o se deslocalicen, por la pérdida de puestos de trabajo que supondrá.
