Madrid
Con la llegada de 2019, la reforma de la financiación autonómica acumula cinco años de retraso respecto a los plazos que la ley exigía para acometer ese cambio. Pese al largo tiempo transcurrido, prácticamente todas las autonomías de régimen común mantienen un perfil sorprendentemente bajo, en los últimos meses, a la hora de abordar esta cuestión.
Una tranquilidad así es aún más llamativa considerando la cercanía de las elecciones autonómicas de este año. Sin embargo, el silencio tiene una clara causa: el Gobierno de Pedro Sánchez destinó 7.000 millones a apaciguar a los Gobiernos regionales a través de diversos medios, fundamentalmente relacionados con la deuda que estos territorios contrajeron con el Estado.
Las refinanciaciones y, sobre todo, el mantenimiento en activo de mecanismos extraordinarios de liquidez como el FLA o la Facilidad Financiera. Sin duda, esta estrategia permite al Ejecutivo ganar tiempo en un momento en que su minoría parlamentaria le impide abordar una reforma de tanto calado.
Estos recursos distan mucho de constituir nada cercano a una solución al problema
Ahora bien, estos recursos distan mucho de constituir nada cercano a una solución al problema. Su insuficiencia salta al a la vista al considerar su falta de equidad. De hecho, los beneficios se han concentrado sobre todo en tres autonomías: Cataluña, Andalucía y Valencia.
Pero, sobre todo, debe tenerse en cuenta que estas concesiones distan de ser gratis. Su precio es mantener activos toda una serie de mecanismo financieros creados para situaciones excepcionales y aumentar el ya elevado endeudamiento de las autonomías respecto al Estado. Se trata, por tanto, de meros parches que no compensan la ausencia de una reforma y de los que no conviene abusar por su alto coste a medio y largo plazo.