Madrid
El Ministerio de Fomento dio el mes pasado una adecuada respuesta al problema del rápido encarecimiento del alquiler en las grandes ciudades. La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos prevé medidas como alargar los plazos de alquiler y establecer parámetros que racionalicen las fianzas que se exigen como garantía.
Ninguno de esos pasos sigue las directrices que Podemos marca y que suponen distorsionar el funcionamiento del mercado, con acciones como imponer a los propietarios límites a los precios que pueden ofertar.
Sin embargo, ese tipo de medidas dista de estar definitivamente descartado. Las recientes declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que abría la puerta a ceder ante el partido morado han alarmado a los principales caseros de vivienda en España.
Está por demostrarse si una alteración tan evidente del libre juego de la oferta y la demanda es constitucional
La protesta de grandes gestoras como Azora o Anticipa es plenamente lógica considerando las numerosas objeciones que se plantean a un control de precios de esta índole. En primer lugar, está por demostrarse si una alteración tan evidente del libre juego de la oferta y la demanda puede considerarse constitucional.
Pero, antes de esperar al dictamen de los jueces, pueden ya temerse los perjuicios adicionales que sufriría el mercado del alquiler. Es previsible que el control de precios disuada a muchos propietarios de arrendar sus viviendas y se reduzca la oferta. Se daría así la paradoja de que una medida pensada para reducir los precios tendría el efecto exactamente contrario y dificultaría aún más el acceso al alquiler.
El antecedente de París y Berlín, ciudades que retiraron este tipo de medidas por la hiperinflación que generaron en el sector inmobiliario, demuestra el grave error que supone abrazar el intervencionismo.
