Cercano el fin del año, podemos constatar la revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento para la economía española. Bien es verdad, que se trata de una leve desaceleración, tal y como señalan los principales organismos nacionales e internacionales. Por ejemplo, la OCDE apunta hacia un crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,6% para este año y del 2,2% para 2019, en la misma línea que indica la Comisión Europea y el Panel de Funcas. En el ámbito nacional, el Banco de España ha rebajado el crecimiento para 2018 hasta el 2,5% y mantiene el 2,2% para el próximo.
Por tanto, hay consenso sobre el proceso de desaceleración que se está produciendo en la actividad de la economía española este año y que continuará el año que viene, como consecuencia de una aportación más negativa del sector exterior y del menor dinamismo del consumo privado.
No obstante, 2018 puede calificarse de positivo económicamente, ya que se registra un crecimiento notable y un mayor avance en la corrección de los desequilibrios. Así, el empleo ha seguido creciendo a buen ritmo y la tasa de paro se sitúa en los últimos meses por debajo del 15 por ciento. Además, la balanza por cuenta corriente registrará superávit, aunque inferior al de los últimos años.
Como ya hemos indicado desde CEOE, la actividad se ha sostenido gracias a las condiciones financieras expansivas, que están favoreciendo el crédito nuevo, tanto para empresas como para familias, la recuperación de la construcción y el elevado incremento del empleo. Sin embargo, también se ha observado un agotamiento de otros factores de impulso como el dinamismo de las exportaciones o la baja inflación, lo que dificulta el mantenimiento de los ritmos de crecimiento anotados en trimestres anteriores.
En cualquier caso, la economía española presenta una evolución positiva para el año en curso y las perspectivas para 2019 siguen favorables, si bien el crecimiento será algo menor. Hay que tener en cuenta que España continuará creciendo más que la media de la Eurozona.
Según reflejan las previsiones de organismos e instituciones nacionales e internacionales, la demanda interna se configurará como el motor de la economía, apoyándose en el dinamismo de la inversión y del consumo privado, que impulsarán la creación de empleo y los bajos tipos de interés.
La aportación del sector exterior se volverá ligeramente negativa, ya que las expectativas serán menos favorables para las economías europeas y se dará un incremento de nuestras importaciones, impulsadas por el dinamismo de la demanda interna.
La inflación subyacente continúa muy moderada e incluso ha descendido en los últimos meses hasta el 0,9 por ciento. Además, el precio del petróleo, que había repuntado durante los últimos meses, ha descendido a partir de noviembre. Esto, junto con el retroceso del precio de la electricidad, está permitiendo que la inflación se modere sensiblemente en los últimos meses del año (un 1,7% en noviembre, frente al 2,3% registrado en octubre). Así, la media anual se situará alrededor del 1,7% en 2018 para descender gradualmente en 2019 con un promedio anual ligeramente por encima del 1%.
El menor superávit del saldo de bienes y servicios hará que el saldo de la balanza por cuenta corriente, aunque se mantenga en positivo, disminuya con respecto a 2017, con un superávit equivalente al 0,6% del PIB en 2018 y algo superior en 2019.
Todas estas previsiones pueden variar por una serie de riesgos, entre los que cabe destacar la incertidumbre política, tanto a nivel nacional como internacional, como la que genera la situación de Cataluña, que al final deriva en un debilitamiento de la confianza y de la inversión. También un crecimiento menor de lo esperado del comercio internacional que limitara el avance de las exportaciones sería otro riesgo a la baja, o una política presupuestaria expansiva que cause dudas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit público y sus implicaciones sobre el coste de financiación de la deuda.
Tampoco podemos perder de vista que se produjera un nuevo repunte del precio del petróleo, que afectaría a la renta de las familias y a los costes de las empresas, perjudicando el saldo comercial. Y algo tan importante para la buena marcha de la economía como el hecho de que se produjera un freno o una reversión del proceso de reformas estructurales en España.
Todo ello tendría un fiel reflejo en el mercado laboral, reduciéndose de esta forma las expectativas en cuanto a la creación de empleo. Según los resultados de la EPA del tercer trimestre, la creación de empleo se desaceleró hasta el 2,5% interanual, si bien los ocupados superan los 19,5 millones de personas, nivel que no se apreciaba desde 2008.
En línea con el menor dinamismo previsto para la actividad económica en 2018 y 2019, según las previsiones de CEOE, la tendencia de moderación paulatina en el ritmo de creación de empleo continuará este año y el próximo. El empleo en términos EPA podría crecer a un ritmo del 2,5% en 2018 y del 2,1% en 2019, lo que supone que, en estos dos años en conjunto, habrá unos 875.000 nuevos ocupados.
Mientras, el número de parados continuará reduciéndose de forma progresiva y podría situarse por debajo de los tres millones de personas en la segunda mitad de 2019. La tasa de paro también disminuirá, desde el 17,2% de media anual en 2017 al 15,3% en 2018 y al 13,6% en 2019.
Por lo que se refiere a la afiliación a la Seguridad Social, en CEOE prevemos que la tasa interanual se sitúe en el 3,1% de media anual en 2018 y en el 2,5% en el próximo año.
Este escenario evidencia que es necesario acometer nuevos cambios y reformas para favorecer la reactivación económica y la flexibilización de las condiciones en la que desarrollan su actividad las empresas. Con ello, se podrá consolidar el crecimiento y la creación de empleo de manera sostenida, sin que se vea obstaculizado por medidas que comporten mayores rigideces, cargas y costes para las empresas.
Además, el diálogo y la concertación social deben continuar siendo las señas de identidad de nuestro sistema de relaciones laborales, teniendo siempre presente que han de servir de base para consensuar dichas reformas para facilitar su eficacia y puesta en marcha. Y, por supuesto, para consolidar el proceso de recuperación debemos contar siempre con la estabilidad institucional y seguridad jurídica necesarias.
