Todo cambio de Gobierno supone una revolución en el organigrama de las Administraciones a las que afecta. Ése será necesariamente el caso de Andalucía, ahora que todo apunta a que es inminente un pacto que permitirá cerrar más de tres décadas de Gobierno ininterrumpido del PSOE.
Sin embargo, el caso andaluz constituye un escenario totalmente diferente, debido a la laxitud en la creación de cargos públicos que su legislación permitió, en especial la Ley de Reordenación del periodo 2009-2010. Al amparo de esa norma, se originaron cerca de 25.000 puestos de trabajo entre los que no se incluyen los puestos de libre designación y los altos cargos, que son habituales en el funcionamiento del sector público.
Se trata de cargos que, según evidencian los indicios, no fueron creados por necesidades administrativas
Por tanto, se trata de cargos que, según evidencian los indicios, no fueron creados por necesidades administrativas, sino que se diseñaron ad hoc para ocupar a determinadas personas. Es más, los sindicatos denuncian desde hace años que los titulares de esas funciones no se han sometido a procesos de selección y carecen de las cualificaciones que se consideran necesarias para una persona que, supuestamente, ejercerá una función pública.
La existencia de una Administración paralela de esta índole es un problema grave en cualquier nivel de la función pública. De hecho, la tarea de desmantelarla será costosa para el nuevo Gobierno, debido a los derechos adquiridos y a los intereses creados por quienes se beneficiaron de ella.
Pero, en el caso de Andalucía, el perjuicio es especialmente nocivo. Basta con pensar en la gran cantidad de recursos públicos que este entramado absorbió y que no se emplearon en la necesaria mejora de los bajos niveles de desarrollo económico de esta comunidad autónoma.
