Madrid
El fin de año llega con las tradicionales revisiones de las tarifas de la electricidad y del gas. Un ejercicio más las cifras que presenta el Gobierno para la parte regulada del recibo eléctrico -el 58% para los hogares- se congela. Para lograrlo, el Ministerio de Transición Ecológica ha tirado de creatividad sacándose algún pequeño recorte de la manga y la mitad de la hucha eléctrica -450 millones- con los que ha podido cuadrar las cuentas.
La ministra Teresa Ribera ha retrasado un año su decisión de que los peajes los elaborase la CNMC de José María Marín Quemada y ha evitado así que el organismo no le siguiera la jugada. Al dejar el traspaso para el año próximo -si cumple esta vez- la elaboración ya corresponderá a una CNMC muy distinta ya que en 2019 toca renovar una parte importante de los miembros de este organismo.
Teresa Ribera se ha 'comido' en menos de seis meses el 50% de los superávits acumulados los últimos años. La intención del anterior gobierno era destinar este dinero a reducir los pagos derivados del déficit de tarifa pero lo cierto es que nunca llegó a aplicarlo y Ribera ha aprovechado este colchón para apuntarse una contención de las tarifas eléctricas a los pocos meses de llegar al cargo. Una rebaja además que ha sido incapaz de que Vestas, Alcoa o Cemex hayan cambiado de planes en los cierres previstos de sus plantas.
Transición Ecológica además va camino de comerse un mayor porcentaje de este dinero ya que alertan de que pueden utilizar el resto en función de las actuaciones normativas que se puedan adoptar durante el ejercicio. Es decir, si por ejemplo el ministerio decidiera prorrogar la rebaja del impuesto del 7% para no tener que afrontar en un escenario de elecciones una subida de la luz, este coste iría directamente sobre el resto de la hucha. Además, en algun momento lo lógico sería que se pagaran los laudos que España ha ido perdiendo y que ya superan los 400 millones. De hecho, la propia ministra ha insistido en que buscará un acuerdo con los fondos pero no aclara de donde saldrá el dinero para hacer frente a estas reclamaciones que ascienden a cerca de 8.000 millones de euros.
El Ministerio de Industria acaba de aprobar esta pasada semana un Real decreto Ley que sirve para rebajar el coste de la electricidad a los grandes consumidores pero no ha aclarado todavía como se van a pagar estas ayudas, ni las repercusiones que puede tener los circuitos cerrados de distribución sobre los costes del sistema.
Por otro lado, las eléctricas siguen enzarzadas buscando una solución para las centrales nucleares. Iberdrola está dispuesta a no ser un obstáculo para Endesa en su pretensión de seguir operando plantas hasta los 50 años pero también tiene sus exigencias.