El Gobierno recibe importantes avisos de los principales organismos económicos internacionales. Ninguna de estas advertencias habla de una fuerte desaceleración o, mucho menos, de recesión. De hecho, aunque la OCDE y el FMI rebajan las previsiones del PIB para 2018 y 2019, aún las mantienen por encima del 2% y en línea con los cálculos que maneja el Ejecutivo.
Pero sería un error restar importancia a las alertas que estos dos organismos lanzan, junto con la Comisión Europea, acerca de los problemas en materia de estabilidad fiscal. Bruselas es especialmente contundente en lo que respecta al esfuerzo estructural de reducción del déficit, ya que cree que será nulo en 2019, frente al 0,4% del PIB que Moncloa defiende.
La UE tiene sólidas razones para dudar ya que el Gobierno no contempla ningún ajuste del gasto y sus perspectivas de ingresos se basan en unas alzas de impuestos cuya implementación nadie puede garantizar. No en vano, los Presupuestos en los que se incluyen carecen de apoyos parlamentarios suficientes. Recurrir a un decreto-ley tampoco constituye una solución ya que lo más probable es que la oposición de los partidos catalanistas impida convalidar esos decretos en el Congreso.
Por tanto, es comprensible que la Comisión se muestre preocupada ante el lastre que para España supone la ausencia de las Cuentas de 2019. En medio de las tensiones que el desafío de Italia plantea, Bruselas no puede permitirse que el balance de otra de las grandes economías del euro presente grandes desviaciones. Para mantener la confianza de la UE resulta ineludible la garantía de mantenimiento de la disciplina fiscal, que solo un nuevo Presupuesto puede ofrecer.