No deja de dar que hablar el último decreto ley del actual Gobierno sobre quién hace frente a los gastos de las hipotecas, y si los mismos se repercutirán al comprador de la vivienda o no. Existe una corriente de opinión, especialmente de entidades, técnicos y personas destacadas y significativas que no tienen ninguna duda de quiénes serán los pagadores: los clientes de los bancos.
En la otra vertiente están aquellos que opinan que los bancos no van a repercutir los costes a sus clientes. Dentro de estos últimos, se encuentran los comentarios de algunos bancos o de sus directivos, como es el caso de Bankia y su presidente, José Ignacio Goirigolzarri.
Hay que recordar que este impuesto fue creado hace ya mucho tiempo por un Gobierno socialista, el de Felipe González. Como siempre, las alegres promesas de gasto público que hacen los partidos, y que muchos recogen con alborozo, las paga alguien, los ciudadanos. La opinión pública, a diferencia de los economistas, nunca se pregunta de dónde va a salir el dinero. Una de nuestras constantes, algo que desespera a los políticos -recuerden al insufrible Zapatero preguntándole a Pedro Solbes si no había dinero para hacer política- es que insistimos constantemente en determinar de dónde van a salir. Pero desde la aparición de este impuesto, las promesas no han parado de crecer y han hecho necesario recaudar más. El pago del impuesto por Actos Jurídicos Documentados por la firma de una hipoteca ha ido en aumento.
Es curioso que en aquellas comunidades donde gobiernan socialistas con apoyos de Podemos, el coste de este impuesto sea el más alto
Es curioso que en aquellas comunidades donde gobiernan socialistas con apoyos de Podemos, el coste de este impuesto sea el más alto. Son, precisamente, estos partidos que dicen defender activamente a los menos pudientes y los que hacen discursos sobre la necesidad de abaratar el coste de la vivienda, los primeros que no tienen ningún problema en encarecer el acceso a las mismas. ¿Qué sentido implica tener que pagar un impuesto por firmar una hipoteca? Recordemos, como ejemplo, que en Aragón el coste de este impuesto está entre el grupo de comunidades autónomas donde PSOE y Podemos votaron a favor de subir el impuesto.
Dentro del populismo instalado en el mundo y del que España no escapa, por decreto ley literalmente, el Gobierno ha decidido que este impuesto, más los gastos de la compra de una vivienda cuando medie una hipoteca de por medio, y exceptuando los gastos de tasación, los paguen los bancos. Para hacernos una idea, en la compra de una vivienda los compradores se enfrentaban a los gastos de gestoría, notaría, registro de la propiedad, Impuestos de Actos Jurídicos Documentados (AJD), y tasación, además del IVA o Transmisiones Patrimoniales. Su cuantía no es desdeñable, pensemos que solo los cuatro primeros (gestoría, notaría, registro y AJD) para la compra de una vivienda de unos 200.000 euros podría ascender a unos 5.000 euros. Habría que añadir a este importe la cantidad de 500 euros aproximadamente para la tasación.
¿Alguien cree que esta cantidad va a ir en contra de la cuenta de resultados de los bancos? ¿No acabarán las entidades crediticias repercutiendo estas cargas a los clientes a los que concedan una hipoteca?
Como hemos visto, la cantidad de gastos puede llegar a ser de un total 5.500 euros por la compra de una vivienda de 200.000 euros. De esta cantidad y conforme al Real Decreto Ley del Gobierno del doctor Sánchez, 5.000 euros es lo que pagarán ahora los bancos y no los ciudadanos. ¿Alguien cree que esta cantidad va a ir en contra de la cuenta de resultados de los bancos? ¿No acabarán las entidades crediticias repercutiendo estas cargas a los clientes a los que concedan una hipoteca o, incluso lo que es peor, a toda su clientela, independientemente de que pidan un crédito hipotecario o no?
La banca actualmente calla sobre la cuestión de repercutir o no este impuesto. Detrás de este silencio puede estar el famoso impuesto que el doctor en Economía Pedro Sánchez quería imponer al sector y del cual hoy ya nadie habla. En todo caso y más allá del silencio del sector, el impuesto lo acabarán pagando los clientes de los bancos.
Cualquiera que conozca la dinámica de una empresa no lo va a dudar: los costes se repercuten en el precio final ofertado a los clientes. Insisto, estos gastos la banca los trasladará a sus clientes. Eso sí, otra cuestión es saber si lo harán trasladándolos directamente a los interesados en hipotecas o por el contrario los distribuirán entre todos, independientemente de que sean clientes hipotecarios o no.
El sector está ampliamente sobredimensionado y los costes de reestructuración son grandes. Además, tiene el problema añadido de la competencia disruptiva que las entidades tecnológicas plantean en el sector financiero. Está, además, inmerso en un entorno de bajos tipos de interés, lo que lastra las cuentas de resultados; unas cuentas, no olvidemos, que vienen manteniéndose gracias al aumento de las comisiones que los clientes de estas entidades estamos soportando.
La rentabilidad de las entidades no es tan alta como algunos esgrimen, afirmaciones que hacen en función de la cifra de beneficios. Los que hablan de niveles altos de rentabilidad, o no han hecho un análisis de la procedencia de la misma o, lo que es peor, hablan por hablar. La de nuestras entidades, especialmente la de los bancos más internacionalizados como Santander o BBVA, procede de fuera de nuestras fronteras, sin esas aportaciones más la elevación de las comisiones la banca estaría en un brete. Además no olvidemos que los requisitos regulatorios de capital y solvencia se han endurecido desde el estallido de la crisis.
No lo duden, los gastos serán ingresados por los bancos. Ahora bien, seremos los ciudadanos los que los pagaremos.
