El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, trunca la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco. La infraestructura se inició en 2015, ya está avanzada en un 20% y en ella trabajaban varias empresas españolas, como FCC, Acciona o Sacyr.
Es cierto que la próxima reversión del proyecto apenas causó daños en la cotización de estas compañías, ya que se descuenta que serán legítimamente compensadas por lo ya invertido y por el lucro cesante que supone que el aeropuerto no se terminará.
Pese a ello, el paso que López Obrador dará es de gran gravedad. En primer lugar, por el método inaudito al que el líder del Morena recurrió para legitimarlo. Así, se valió de una consulta popular de cuatro días, en la que apenas se obtuvieron 750.000 votos favorables, una cifra muy baja considerando el censo electoral de un país tan poblado.
De ese modo, se dará vía libre a la alternativa que López Obrador abiertamente apadrinaba y que divide el servicio entre tres centros: el actual aeropuerto de Ciudad de México, el de Toluca (en el Estado de México) y la que ahora es la base militar de Santa Lucía (a 50 kilómetros de la capital).
Se invirtieron 2.625 millones en esta infraestructura que ya se pueden dar por derrochados
Resulta cuestionable, desde el punto de vista logístico, que ésta sea la solución más adecuada para el país azteca, tan necesitado de infraestructuras nuevas y de superior capacidad. Pero lo que resulta indudable es que virajes bruscos de este tipo, en un sector tan sensible como el de las concesiones, tienen importantes costes. No en vano son cerca de 2.625 millones los que se invirtieron en esta infraestructura y ya se pueden dar por derrochados. Pero, a medio y largo plazo, todavía es más grave la situación de inseguridad jurídica que se ha creado a los ojos de los inversores internacionales.
