La Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo sorprendió ayer al anunciar un acuerdo "por amplia mayoría" en materia de pensiones. Pese al optimismo que rodeó la divulgación de este texto, su contenido no permite dar por concluido de ningún modo el trabajo que emprendió esta comisión en 2016, de proponer una nueva reforma de la Seguridad Social.
De hecho, el acuerdo no va más allá de reafirmar el único punto que une a los partidos integrantes del Pacto de Toledo. Todos ellos ven sus intereses electorales presionados por las movilizaciones de jubilados y, por ello, se afanan en dar garantías de que queda aparcada la necesaria reforma de 2013 y, de nuevo, la revalorización de las pensiones se vincula a la inflación.
Más allá de ese mínimo común denominador, el Pacto de Toledo no ofrece ninguna concreción más. Ni siquiera especifica a qué IPC alude cuando se refiere al "IPC real", por lo que no está claro si la referencia será un indicador restringido, como el propio de la inflación subyacente, o se volverá al índice general, como se hacía hasta 2012.
Tampoco se ha disipado ninguna incertidumbre acerca de otra cuestión capital: con qué recursos se refinanciará una reindexación que, como reconoce el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, siempre provoca "efectos perversos a largo plazo".
Por tanto, tras dos años de reuniones, el Pacto de Toledo ofrece ahora solamente un pacto de mínimos que en nada contribuye a mejorar la crítica situación en la que ya se encuentra sumido el sistema de pensiones.
De hecho, puede empeorarla, elevando un gasto que ya ha vuelto a niveles récord. El problema continúa plenamente vigente y sólo se ha logrado postergar su solución.
