Como se preveía, la Mesa del Congreso frustra la artimaña con la que el Gobierno pretendía reformar la Ley de Estabilidad por la vía exprés, al tiempo que esquivaba las limitaciones que la propia Mesa le impone para esos cambios.
La mayoría del órgano que dirige la Cámara Baja anula, con plena legitimidad, un recurso tan irregular como fue introducir una enmienda que afecta a la política presupuestaria (ya que elimina la capacidad del Senado de vetar el techo de gasto) en una ley totalmente dispar, relacionada con la formación de los jueces en materia de violencia de género.
Ya resulta reprochable que el PSOE protagonizara una maniobra de esta índole; pero el Grupo parlamentario socialista mina aún más su credibilidad con los ataques que ha dirigido a la Mesa. Las acusaciones de actuar "arbitrariamente y contra la legalidad" a lo decidido por PP y Ciudadanos carecen de toda base.
La mayoría de la Mesa procede en completa sintonía con la doctrina del Tribunal Constitucional, la cual establece que tiene que existir una mínima homogeneidad entre una enmienda y la ley a la que se refiere.
Lo que el PSOE infiltró en la norma sobre violencia de género nada tiene que ver con este problema y no cambia esa realidad el hecho de que la Comisión de Justicia (controlada por los socialistas y ERC) lo diera su visto bueno.
Muy al contrario, la pretensión de cambiar la Ley de Estabilidad constituye una iniciativa completamente autónoma y, como tal, debe tramitarse en el Congreso con la transparencia que garantiza la discusión de un proyecto de ley.
Lo realmente "arbitrario y contrario a la legalidad" son los intentos de saltarse ese procedimiento mediante ardides antidemocráticos.
