El Gobierno defiende que su plan de elevar el tipo máximo del IRPF a las rentas altas tendrá un impacto limitado, ya que afecta a poco más de 90.000 contribuyentes.
Éste, sin embargo, constituye un argumento simplista, que no reconoce la honda transformación que dicha medida implica en las condiciones fiscales que esas personas afrontan en España.
Sobre todo, en comparación con los principales Estados de nuestro entorno. Un gravamen del 52% para las rentas de más de 140.000 euros anuales representa una cota inaudita entre los principales países de la Unión Europea.
Por ello, si el Gobierno se plegara a las exigencias de Podemos y lo aplicara, el tipo máximo español del IRPF sería el mayor de las grandes economías europeas.
Es más, la diferencia se ahonda más considerando que estos países son más restrictivos al definir los límites del tramo más alto de renta y rebasan con claridad los 140.000 euros. En Alemania, este apartado comienza a partir de 254.000 euros, mientras en Francia es desde 154.000 euros.
Ante estas cifras, resulta evidente la ventaja competitiva de la que estos países se beneficiarán automáticamente a la hora de atraer y retener el talento hacia los puestos directivos de sus empresas.
Se trata de una ventaja siempre positiva para toda economía abierta a la globalización, pero que resulta especialmente valiosa ahora que el Brexit entra en su recta final y son varios los países que pugnan por atraer las compañías que salen de Reino Unido.
En este contexto, ahuyentar a los mal llamados ricos, quienes en la mayoría de los casos son profesionales directivos, constituye la más equivocada de las políticas, debido al modo en que amenaza la generación de riqueza y empleo del conjunto de la economía.
