Hacienda admite que ya no se plantea la supresión de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs). Una vez más, su debilidad parlamentaria le impide tomar una medida tan expeditiva.
Sin embargo, el Gobierno se compromete a revisar la normativa de estos vehículos financieros, convencido aún del injusto tópico que las identifica de forma directa con una mera herramienta al servicio de la evasión fiscal de altos patrimonios. Es más, la ofensiva del Ejecutivo contra los contribuyentes de este tipo se intensifica en otros frentes, como el propio del IRPF.
La ministra María Jesús Montero reafirma su intención de que el gravamen máximo para los ciudadanos con ingresos superiores a 140.000 euros anuales llegue al 52%. El Gobierno hace suya de este modo la cota por la que abogaba Podemos, junto con el discurso que considera justificado castigar con tipos confiscatorios a los llamados ricos. Es imposible que todo el PSOE se identifique con una tesis tan extremista, y así lo evidencia en elEconomista el consejero andaluz de Economía.
Como Antonio Ramírez de Arellano expone, el mismo calificativo de ricos es arbitrario, ya que cabe aplicarlo a un hogar que ingresa en torno a 120.000 euros anuales, aunque quienes lo conformen sean dos profesionales con nóminas de 60.000 euros cada uno.
Pero todavía más grave resulta demonizar los ingresos altos, por el hecho de ser elevados. De este modo, se desincentiva el acceso a los puestos ejecutivos que toda empresa necesita para desarrollar sus funciones. Es más, la propia creación de firmas, y la asunción de riesgos a la hora de invertir en ellas, quedan en entredicho por el sinsentido y la obsesión de atacar a quienes crean riqueza.
