El Pacto de Toledo acumula más de 30 comparecencias desde 2016, cuando le fue encomendada la tarea de estudiar una nueva reforma del sistema de pensiones.
El trabajo ya era entonces complicado ante problemas estructurales, como el rápido envejecimiento poblacional. Pero ahora los retos se multiplican.
Sin el factor de sostenibilidad, que debía entrar en vigor en 2019, queda sin resolver el problema de cómo la evolución de la esperanza de vida debe influir en el cálculo de la pensión.
Pero más difícil aún es concretar el modo en que podrá financiarse la religación de estas prestaciones al IPC más allá del año próximo.
Si el Pacto de Toledo no da respuestas realistas a estos retos, la Seguridad Social se aboca a una situación insostenible.
