En los últimos días se vuelve a debatir sobre el poder adquisitivo de los actuales pensionistas, lo que conlleva a tener que definir, de nuevo, cuánto y cómo se van a revalorizar las pensiones.
Es preciso recordar que la mayoría de las pensiones se han incrementado un 1,6%, salvo las mínimas y no contributivas que lo hacen al 3%. Cierto es, a la vista de lo ocurrido la semana pasada, que para el actual ejecutivo y su "socio parlamentario" no es suficiente, pactando que dicha revaloración se compensará si la inflación superase el encarecimiento de la nómina de las pensiones experimentado hasta la fecha.
Acuerdo, a expensas de respaldarse con mayoría parlamentaria, que ha sido acogido con entusiasmo por los jubilados, sin entrar a valorar si es otra de las estrategias electoralistas de la unión "izquierdista" con el fin de gobernar en coalición a cualquier precio. Comunicado en el momento adecuado, con premeditación y alevosía, teniendo en cuenta el intenso ciclo electoral que se avecina tanto a nivel municipal y autonómico como europeo. ¿Por qué a "cualquier precio" o a "toda costa" …?
A "cualquier precio" ya que el citado tratado de revalorización supondrá unos 230 millones de euros por cada décima que el IPC supere el 1,6%, sin haber definido hasta la fecha cómo se va a sufragar el coste o cuál va a ser la fuente de financiación.
A "toda costa" ya que se desconoce cuál va a ser la fórmula de cálculo del IPC; dato de inflación medio de los doce meses del año o el IPC interanual del mes de noviembre utilizado antes de la reforma del 2013. La diferencia en función de la regla aplicada podrá ser de dos décimas; 1,7% si la referencia es la inflación media y del 1,9% aplicando como patrón los precios de noviembre.
Nuestro sistema público de pensiones hace frente al coste de las pensiones a través de cotizaciones sociales y con aportaciones procedentes de los impuestos generales. Es un sistema basado en una solidaridad intergeneracional (las personas que cotizan hoy son las que financian a los pensionistas actuales) y una solidaridad interterritorial (caja única que garantiza los derechos a todos los territorios).
Uno de los parámetros que miden la sostenibilidad del sistema es la Tasa de Dependencia (número de cotizantes por pensionista). Teniendo en cuenta que las pensiones no son sustentables con una ratio inferior a dos trabajadores en activo por cada jubilado, en la actualidad el ratio de trabajador por pensión en España se sitúa en 2,17, siendo lo que garantiza el abono de las pensiones a nivel nacional con la ayuda de la caja única aunque haya siete comunidades autónomas que no cumplen con este requisito.
Otra cuestión es la suficiencia del sistema. Con el binomio configurado entre recaudación de la Seguridad Social y la pensión media, hoy no se podría hacer frente al monto de las pensiones sin ayuda de los préstamos del Estado a través de emisión de deuda pública (15.000 millones en el presente ejercicio) como fuente de financiación paralela.
Esto viene provocado, sin duda, por el envejecimiento de la población, la pérdida de habitantes y la precariedad salarial, a lo que hay que añadir una natalidad en mínimos históricos lo cual proyecta un futuro altamente ocupante, por no decir preocupante.
Efectivamente, el "cuánto" está más o menos definido, aunque, bajo mi criterio, sigue siendo una preocupación incesante el "cómo", siendo aquí donde entra en escena como actor principal el "impuestómetro".
¿Qué es el impuestómetro? El índice de revalorización de las pensiones deja de manifiesto la falta de capacidad del sistema para ligar la revalorización de las pensiones al IPC sin tener definida una estrategia clara en relación con la fuente de ingresos, siendo la propuesta por parte del ejecutivo el "impuestómetro", compuesto por:
Los nuevos impuestos tecnológicos y/o financieros, los cuales serán totalmente insuficientes, ya que una parte importante será costeada por el consumidor final.
Destope de las cotizaciones máximas, no pudiendo obviar que las cotizaciones sociales son elevadas, afectando esta medida a salarios medios y altos, siendo los que más solidaridad aportan al sistema. Ello provocará un incremento del coste laboral en torno a un 30% por lo que podríamos considerarlo como un "impuesto laboral".
El incremento del tipo marginal del IRPF afectando a 750.000 contribuyentes, la subida del impuesto de Patrimonio a cerca de 190.000 contribuyentes y la incorporación de la fiscalidad verde, consistente en aumentar el coste del combustible diésel, que conmoverá a cerca de 15 millones de conductores.
Por ello es importante conocer las fuentes de financiación del acuerdo, esperando que no sea una campaña electoralista basada en flujos de caja donde haya entradas en concepto de revalorización y a su vez salidas a través de impuestos, tanto directos como indirectos.
