El PSOE y Podemos no están solos en su pacto para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de modo que el Senado (ahora dominado por el PP) pierda su capacidad de vetar el techo de gasto del Gobierno. Ese objetivo es también apoyado por la mayoría de los partidos del Congreso.
Ahora bien el incremento de los apoyos no implica que la modificación de una norma así, con rango de ley orgánica sea rápido si se respetan los cauces institucionales.
Por ello, los partidarios de la modificación especulan con vías que permitan atajar el exigente trámite, y cumplir así con los plazos para que el Gobierno apruebe la senda de estabilidad hasta 2021 (que ahora está suspendida sine die).
El veto senatorial se recoge en un único artículo de la Ley, el número 15. Sobre esta base, Podemos alega que se trata de una disposición aislada, que no afecta al contenido fundamental de la norma, y que además tiene un carácter instrumental.
Por tanto, defiende que podría suprimirse de forma exprés con un decreto-ley. El Gobierno cometería un grave error si abrazara esta tesis. Ante la reforma de una ley orgánica, deben respetarse escrupulosamente los cauces que la Constitución señala y no improvisar atajos que comprometen el funcionamiento de las instituciones.
Si el Ejecutivo considera necesario cambiar la Ley de Estabilidad, tiene que esforzarse por lograr los apoyos necesarios y cumplir con la tramitación ordinaria. En este proceso, urge que Ciudadanos deje de lado toda tibieza y defina con más claridad su posición.
El hecho de que se muestre partidario de retirar el veto del Senado no debe impedirle mostrar en el Congreso el mismo celo que en el Parlament y oponerse al recurso a cualquier subterfugio legal que afecte a la seguridad jurídica.
