La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace gala de sentido común al poner en duda las subidas de impuestos que, parece que demasiado alegremente, se habían anunciado. Desde la impopular alza fiscal del diésel, a la demagógica para que la banca sufrague las pensiones (que es casi seguro que no entrará en Presupuestos) y a la más esperada pero de difícil desarrollo que gravará las firmas digitales.
El PSOE debe tener presente que llegó al poder con el apoyo de grupos políticos de muy distinto signo y sobre todo con solo 84 diputados, en una situación de debilidad parlamentaria que le obliga a pactar todas y cada una de sus propuestas antes de anunciarlas para no tener que frenar o dar un volantazo.
El caso del alza fiscal al diésel es un buen ejemplo. Desde el Gobierno se anuncia a bombo y platillo e incluso un ministerio (Industria) anuncia su entrada en vigor para enero... pero cuatro días después Hacienda devuelve a la realidad al Ejecutivo. Es muy difícil que se pueda aprobar y no solo por su impopularidad (aunque las ventas de diésel se desploman, aún suponen más de la mitad del parque automovilístico), sino porque alguno de los grupos políticos que deben apoyar el Presupuesto no está en absoluto de acuerdo con el aumento.
Antes de decretar una batería de perniciosos aumentos fiscales, el Gobierno debería aplicarse en ganar con rotundidad las elecciones para que le cuadre la aritmética parlamentaria y para asegurarse de que la población, o buena parte de ella, lo acepta. También sería de agradecer que tuvieran claro no solo qué quieren subir, sino cómo. Aplicar un tipo mínimo del 15% en Sociedades, cuando la media que se paga es del 19% es, cuando menos, incongruente.
