Se ha puesto de moda últimamente hablar de la burbuja del alquiler de pisos. Se dice que el alquiler de los pisos está subiendo de una manera desproporcionada y que estas subidas se deben al alquiler de los llamados pisos o apartamentos turísticos.
Los periódicos se hacen eco de que este asunto, que afecta a los políticos, quienes deben solucionar o afrontar este boom de precios que se ha experimentado en algunas zonas de la geografía española.
La finalidad última, parece ser facilitar el acceso a un hogar en alquiler a jóvenes para frenar esa subida en el coste de la vivienda. Sin embargo, las medidas que quieren a-doptarse no parecen las más adecuadas. Se pretende modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para recuperar la duración de los contratos de alquiler a cinco años y limitar la subida de los alquileres a la evolución del IPC, así como incorporar desgravaciones fiscales para quien decida alquilar una vivienda por debajo de determinados precios y limitar las funciones. El tema de los arrendamientos, en general, y de los arrendamientos turísticos, en particular, es un problema a abordar de una manera profunda y seria por los responsables políticos. Se trata de una cuestión que afecta al derecho de propiedad y que, por tanto, solamente puede ser regulado por una ley del Estado a la que deberán atenerse las comunidades autónomas en su afán de intervenir en la propiedad a través de leyes inconstitucionales, al amparo de unas competencias de turismo que no son suficientemente justificativas de estas intervenciones.
Por otra parte, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos aumentando o disminuyendo los plazos de los contratos y las fianzas, no va a solucionar el problema a medio plazo y tampoco lo solucionan los incentivos fiscales.
Los propietarios de pisos los alquilarán al mejor postor y buscarán las rendijas legales para evitar esas restricciones o prohibiciones que tanto gustan y que, al final, no solucionan ningún problema.
Hace falta una ley del Estado que regule de manera razonable los problemas del arrendamiento de viviendas y también los de los arrendamientos turísticos y hace falta, también, que se establezcan las circunstancias adecuadas para evitar que se dejen de pagar los impuestos correspondientes en estas actividades.
Todo esto está muy bien, pero la raíz del problema no está en que los particulares suban o no suban los precios de los arrendamientos, sino en la escasez de viviendas en alquiler. Y esta razón es clave para interpretar todos los problemas que se presenten.
Por ejemplo, en los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes no existen pisos para alquilar y las Administraciones Públicas, por razones políticas, tienen los planeamientos paralizados. En Alcobendas el Plan de Los Carriles daría la posibilidad de sacar al mercado más de 3.500 viviendas sociales en alquiler.
En España estamos asistiendo últimamente a dos fenómenos importantes, el primero es el de que los planes urbanísticos tardan muchísimo en aprobarse y en ejecutarse, y ello limita el número de viviendas que los ayuntamientos pueden poner en un mercado a través de pisos de alquiler y, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que las viviendas de protección oficial, o de precio tasado, o de cualquiera que sea el nombre que se les dé, deben destinarse a esta finalidad y ello produciría una oferta muy elevada en mercado de alquileres, con la correspondiente bajada de precio.
En una sociedad libre de mercado no se pueden regular los precios de los alquileres y, además, es un error hacerlo. Lo lógico es aumentar la oferta de vivienda y los ayuntamientos tienen esa posibilidad en el número de viviendas de protección oficial y de otro tipo que se les adjudican en los planes de urbanismo.
El buen uso de estas propiedades municipales, abriendo el alquiler a los jóvenes, será la base para suprimir esa burbuja inmobiliaria, y no las limitaciones que se puedan imponer al respecto.
