La comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat concluye con un encontronazo por el referéndum y los presos.
El Gobierno muestra así una adecuada firmeza ante el Govern y se limita a confirmar que atenderá lo que dicta el Estatut en referencia a la disposición que indica que la inversión en infraestructuras debe ser equivalente a la aportación catalana al PIB nacional.
El Gobierno elevará así un 30% la inversión en la región hasta 1.600 millones al año. Además, la mayor parte del dinero impulsará proyectos que acumulan retrasos, como el plan de Cercanías, la estación de la Sagrera y el Corredor Mediterráneo.
El incremento, por tanto, es adecuado ya que corrige una injusta deficiencia frente al peso económico de la región en España.
