Las regiones incumplen la ley y tardan en pagar a los proveedores más de 30 días. Es cierto que solo la mitad de los territorios se retrasan y que la adaptación a la normativa comunitaria exige mayor rapidez.
Pero más allá de esos argumentos, los territorios se quedan sin excusas ya que, desde luego, fondos tienen. Primero porque los ingresos fiscales de las administraciones son positivos por el crecimiento.
Y segundo porque aún funcionan los mecanismos extraordinarios de liquidez del Estado. De ahí que la dejadez en los pagos que tanto perjudica a pymes y autónomos carezca de justificación.
Con todo, lo más grave sería que los retrasos fueran premeditados con el objetivo de demostrar a efectos contables que se cumple con el déficit y la contención de gasto.
