Las comunidades de Madrid y Galicia han sido tajantes en su negativa a aceptar la decisión de Fomento de asumir las competencias en la concesión de licencias VTC (vehículos con conductor).
Ambas instan al Gobierno a seguir trabajando para solucionar el conflicto con el taxi y no echar balones fuera. Cataluña no ha sido tan clara pero sí pide dinero a cambio de cargar con el problema.
Vaya por delante que si el Ejecutivo consigue consenso parlamentario y aprueba una ley orgánica, las autonomías deberán asumir la gestión de las VTC.
Con todo, el rechazo que los territorios más afectados por las huelgas de taxistas muestran una evidente falta de consenso de Fomento.
Urge una mayor labor negociadora para solucionar el conflicto en su totalidad.
