En solo un año, la banca española se ha desprendido de activos inmobiliarios tóxicos por valor de 72.600 millones. Para lograrlo, las entidades han contando con la colaboración de las grandes gestoras de inversión, que han sido los compradores de todo ese ladrillo.
Especialmente relevante ha sido el caso de Cerberus, que se ha posicionado como el mayor adquiriente con más de 17.600 millones. El interés de los fondos por el sector inmobiliario tiene lógica debido a las buenas perspectivas que para el retorno de la inversión representa el auge de los precios de la vivienda y, también, la nueva normativa que agiliza a los fondos el recobro de los créditos fallidos.
La banca, por tanto, ha aprovechado con acierto el apetito inversor de estas firmas para desprenderse de un importante lastre para sus cuentas. Con ello, cumple también con las autoridades europeas, que llevan tiempo exigiendo a nuestras entidades financieras reducir el peso del ladrillo en los balances.
Pero, además, el hecho de que la banca haya bajado su riesgo inmobiliario debería servir de acicate para impulsar la unión bancaria europea. Al menos rompe el argumento que utilizan los países del norte del continente para frenar dicha unión. Con todo, lo más importante a corto plazo es que las operaciones efectuadas por la banca española con los fondos permiten al sector desprenderse casi en su totalidad de un activo que generaba demasiados costes (por su total improductividad y por sus gastos de mantenimiento).
La banca, por tanto, cierra así un ciclo marcado por las pérdidas provocadas por el derrumbe inmobiliario. Inicia libre de la pesada carga del ladrillo otro periodo con mejores perspectivas, debido a las anunciadas alzas de tipos del BCE en 2019.
