La actuación de Antonio del Valle en el Popular no solo es objeto de investigación por parte de la Audiencia Nacional. México también investigará al inversor por, presuntamente, falsear información para hacer caer la acción del Popular.
La Procuradora General del país azteca ha admitido a trámite la demanda interpuesta el pasado mes de junio por un grupo de inversores mexicanos que perdieron todo su dinero tras la resolución del banco. Piden a Del Valle y sus socios que les compensen las pérdidas ya que, según pone en la demanda, el inversor mexicano filtró información negativa del banco con el objetivo de hacer caer el precio de la acción en beneficio propio.
Desde luego, no puede extrañar a nadie que la Justicia mexicana admita la demanda de este grupo de inversores perjudicados por las acciones que tomó la Junta Única de Resolución (JUR) con el Popular. Primero porque la participación de Del Valle en la estrategia para desplazar a Ángel Ron de la presidencia del banco y sustituirlo por Emilio Saracho (igualmente afectado por la querella en España) está fuera de toda duda.
Aunque lo más importante es que la maniobra tuvo consecuencias desastrosas para la entidad. Es cierto que la situación del Popular ya era delicada durante los últimos años de gestión de Ron. Pero también es verdad que la llegada de Saracho a la entidad solo sirvió para intensificar la caída en bolsa de la entidad y propiciar su intervención y posterior venta por un euro al Santander.
Por tanto, la responsabilidad de Del Valle en todo este proceso, que tan graves sospechas despierta, es manifiesta y como es lógico requiere de una investigación a fondo como la que se realiza en México.
