El Tribunal Supremo debe rechazar la entrega de Puigdemont solo por malversación. Es preciso que este caso sirva para arreglar los enormes desajustes que tiene la regulación de la euroorden para los asuntos que no están expresamente regulados en su normativa. Es muy difícil imaginar la postura de la Justicia germana en el caso de que los políticos de alguno de sus länder hubiesen incumplido flagrantemente las leyes y desobedecido a los tribunales, si le hubiese parecido de perlas una aplicación subjetiva de la normativa comunitaria, como ha hecho el tribunal alemán.
El problema que ha quedado a la vista es que la actual regulación de la euroorden sirve para consagrar la huida del país donde se ha cometido el delito para lograr una mejor condición con vista a los procedimientos judiciales en España.
En esta situación lo que se logra es hacer de peor condición a quienes se han mantenido en el territorio nacional y han afrontado sus consecuencias ante la judicatura. Buena muestra de ello es el delirio ayer de algunos portavoces independentistas que pedían que se retirasen las acusaciones de todos los imputados por delito de rebelión. Un auténtico despropósito jurídico que no persigue más que confundir y mantener la situación de tensión de sus seguidores con el Estado.
El juez Llarena no solo tiene la posibilidad de retirar la euroorden, sino que también podría tocar la tecla de consultar al Tribunal de Justicia Europeo. Lo único que podría pasar es que de ratificar la decisión del tribunal germano, acabase retirando la euroorden.
El Gobierno, por su parte, hace bien en no calificar el auto de la Justicia alemana, pero debería exigir de Bruselas una revisión urgente de la regulación de la euroorden para saber si realmente se basa en la cofianza en la Justicia de los Estados o, como da la impresión, es papel mojado para asuntos tan trascendentes para el mantenimiento de la democracia como estos. El Acuerdo de Schengen, que facilita la libre circulación de personas dentro de la UE, no debe ser una herramienta para quienes atentan contra las constituciones.
