Anfac, la asociación de fabricantes de automóviles, hizo ayer público su malestar por las palabras que un día antes pronunció la ministra de Transición Ecológica. Teresa Ribera aseguró en el Congreso que el diésel tiene ya "los días contados".
Sin duda, es muy probable que Ribera tuviera en mente una realidad comprobable en toda la UE como es la tendencia a limitar el uso de esta motorización, debido a sus altas emisiones de óxidos de nitrógeno. Ahora bien, la estrategia europea, lejos de plantear cambios bruscos, es un proyecto a largo plazo que, en sus primeros esbozos, sitúa en torno a 2035 el momento en que no habrá vehículos diésel (ni incluso de gasolina) circulando por las carreteras del Viejo Continente.
Se trata de perspectivas que conocen los especialistas, pero no tanto el público general. Por ello, existe el riesgo de que muchos ciudadanos interpretaran las palabras de Ribera como un anticipo de próximas restricciones a la compra o a la circulación de coches diésel, lo que puede disuadirles de inmediato a la hora de adquirir este tipo de automóviles. En consecuencia, resulta comprensible la alarma de Anfac, al subrayar que están en juego 40.000 empleos y 17 plantas de producción.
España es, desde hace años, el segundo fabricante de automóviles de Europa y el séptimo del mundo. De hecho, en vehículos comerciales (mayoritariamente alimentados con gasóleo) ostenta el liderazgo del Viejo Continente. Ante la importancia de este sector industrial para el PIB español, resulta de gran importancia no transmitir mensajes precipitados que puedan crear incertidumbres y afecten a las expectativas de inversión. No en vano están en juego miles de puestos de trabajo cualificados y cerca de un 10% del PIB.
