La semana pasada, Hacienda reiteró su propósito de gravar más a la banca con objeto de financiar el coste de revincular las pensiones al IPC. La debilidad parlamentaria que muestra el Gobierno hace difícil aprobar una ley específica, pero eso no quiere decir que el Ejecutivo se encuentre con las manos atadas.
Muy al contrario, puede recurrir a la elevación de un impuesto estatal ya existente, como aquél que afecta a los depósitos (cuyo tipo actual es casi nulo) o reclamar una mayor aportación de las entidades al Fondo de Garantía de Depósitos.
Tampoco resulta descartable una nueva modificación del Impuesto de Sociedades que limite más las deducciones para las empresas financieras. Pese a que todas estas opciones se encuentran todavía abiertas, lo que ya se puede augurar son los efectos que este gravamen tendrá sobre el sector financiero. Como es previsible, el impacto variará por entidades según su tamaño y grado de internacionalización.
Las enseñas más dependientes del mercado doméstico pueden ver mermadas sus ganancias hasta un 10%. Este perjuicio ya constituye un grave problema en un contexto tan difícil como el actual en el que el negocio crediticio apenas empezó a crecer en términos netos (lo hizo siete centésimas en mayo).
Además, el saneamiento de las entidades (pese a operaciones de tanta envergadura como la reciente venta de activos tóxicos de Sabadell) no se puede dar por cerrado para el conjunto del sector. Pero los daños se multiplican si se considera la penalización que los bancos españoles sufrirán frente a las entidades de otros países del euro en los que no hay un impuesto semejante. Nuestro sector financiero, y la economía en su conjunto, se enfrenta así a un nuevo y peligroso lastre.
