El president Quim Torra reclamará el pago de 10.000 millones en su próxima visita a Moncloa. La mayor parte de ese montante corresponde a inversiones del Estado relacionadas con la ya famosa disposición adicional tercera del Estatut.
Conviene recordar que las obligaciones que se recogían en ese capítulo no han sido reconocidas como tales por la Audiencia Nacional, por no atenerse a los procedimientos legales necesarios.
Sin duda, Cataluña sufre un problema de infrafinanciación por los perjuicios del sistema de reparto de recursos entre autonomías, ya caducado pero aún vigente. Pero el modo de solucionar ese carencia no es empecinarse en reclamar deudas que carecen de legitimidad de acuerdo con los jueces.
