El mes de junio está a punto de terminar sin que el Gobierno haya cumplido el trámite, programado por ley para estas fechas, de fijar el techo del gasto público y los objetivos de déficit para el año próximo.
Es cierto que la Ley permite una prórroga, y el Ministerio de Hacienda asegura que solo espera a pactar con las autonomías el déficit de 2019. Sin embargo, todo apunta a que el Gobierno se resiste a cumplir con este trámite, consciente de la escasez de sus apoyos parlamentarios.
Esa debilidad resulta aún más patente en el caso del techo de gasto, ya que la ley exige que debe contar con la aprobación del Congreso y del Senado. Es posible que el PSOE concitara en la Cámara Baja una mayoría semejante a la que respaldó la moción de censura. Sin embargo, en el Senado, la mayoría absoluta del PP constituye una barrera a la que el Gobierno, de momento, rehúsa enfrentarse.
Los efectos de ese desistimiento no deben minusvalorarse. En primer lugar, el presidente Sánchez faltaría a su compromiso de presentar unos Presupuestos Generales del Estado en septiembre y tendría que prorrogar las cuentas de 2018, pese al rechazo que ha reconocido que le provocan. Pero aún existe un efecto mucho más grave.
Sin un nuevo techo de gasto en vigor, ninguna Administración (incluidas las autonomías y todos los ayuntamientos) está autorizada a elaborar unas nuevas cuentas para 2019 (un ejercicio que, además, es excepcional, ya que habrá comicios municipales, autonómicos y europeos).
En este escenario de parálisis, ante la imposibilidad de evitar el veto del Senado, el Gobierno solo tiene dos opciones: aferrarse a la prórroga presupuestaria durante todo 2019 o adelantar las elecciones.