Más de un año después de la intervención de Banco Popular por parte de la Junta Única de Resolución (JUR), sorprende el apagón informativo que aún rodea a las circunstancias que motivaron esta operación (la primera de su clase que se llevó a cabo en la zona del euro). Fueron necesarios casi siete meses para que la JUR publicara el informe que Deloitte elaboró, con carácter preliminar, en mayo de 2017. El documento apenas aportó entonces novedades.
Más allá de evidenciar la incomodidad de la auditora por la precipitación con la que trabajó, solo sirvió para que la JUR reafirmara su tesis ya conocida: dejar que el banco entrara en concurso habría sido más pernicioso para accionistas y bonistas que intervenirlo. Tan pobre balance estaría ya compensado con los datos que contiene el informe posterior, y ya definitivo, que Deloitte elaboró sobre el estado de Popular antes de ser intervenido.
Resulta inaudito que la auditora ya tenga listo el documento y el único obstáculo para que llegue al poder de la JUR sea el desinterés de la Junta por cumplir un trámite administrativo, como es solicitar formalmente su envío. De este modo, la institución no solo se inhibe de analizar en detalle datos clave para justificar su actuación, como el grado de liquidez de la entidad o los colaterales que podía ofrecer al BCE para obtener su auxilio.
Igualmente importante es el hecho de que priva a magistrados de varios países de los elementos de juicio necesarios para decidir en los numerosos litigios abiertos por los bonistas y accionistas que perdieron toda su inversión. La dejación que muestra el organismo que preside Elke König no solo es impropia de un supervisor financiero, sino que además tiene un alto coste.
