El Consejo del PSOE para la Transición Energética, que dirigió la ministra Teresa Ribera, aboga por una nueva medida contra la pobreza energética.
Persigue que las eléctricas paguen 1.500 millones por las supuestas compensaciones excesivas que recibieron, en concepto de ayudas para adaptarse a la liberalización del mercado.
En apariencia, esta arma contra la pobreza energética es menos polémica que el bono social. Lo que Ribera reclamaría no es que las eléctricas sufraguen una medida que compete al Estado, sino que hagan una única liquidación por una sobrecompensación.
Pero la situación no es tan sencilla. Dichas ayudas dejaron de pagarse en 2006; es discutible que la ley española permita aún reclamarlas y no está demostrada la sobrecompensación.
