La decisión de Mariano Rajoy de dejar la política catalana en manos del juez Pablo Llanera está demostrándose que es un error. Los magistrados están para juzgar los hechos, pero jamás pueden sustituir a los políticos con sus veredictos e investigaciones, porque éstos son de difícil comprensión para la opinión pública y pueden entrar en contradicción con el interés general.
Primero fue la bofetada del Tribunal alemán que desestimó el delito de rebelión para extraditar a Puigdemont a España y ahora, también, está en duda la malversación.
Sobre el tema de la rebelión, buena parte de los magistrados españoles la ponen en duda. Pero resulta chocante ver los esfuerzos del Gobierno y de su legión de acólitos por defender el principio de violencia en las manifestaciones del 1-O, aún a riesgo de quedar invalidado por el veredicto definitivo del Tribunal de Schleswig-Holstein.
¿Qué necesidad tiene el Gobierno de asumir ese riesgo y quedar en evidencia ante la opinión pública internacional? ¿No sería mejor empezar a distinguir entre la opinión de los jueces y la del Ejecutivo, como dos órganos independientes de un Estado de- mocrático con separación de poderes?
Las declaraciones de Montoro, en las que manifestó de manera tajante que "no se destinó ni un euro oficial al 1-0", vuelven a poner en la picota al Gobierno, porque desacreditan las averiguaciones hechas por la Guardia Civil. ¿Quién miente, Montoro o Llarena? Creo que ninguno de los dos, aunque el ministro debería haber adornado su manifestación con un "hasta donde sabemos". Voy a intentar explicarme.
En primer lugar, es necesario aclarar que el titular de Hacienda jamás negó el delito de malversación. Al contrario, en la entrevista de esta semana a El Mundo puntualizó que hubo malversación en el uso indebido de espacios o infraestructuras públicas para la celebración del referéndum ilegal. Las discrepancias se circunscriben al dinero para la organización de la consulta y su celebración.
Una pregunta que se hace mucha gente es ¿quien pagó las urnas de plástico chinas o los millones de papeletas que se imprimieron para la votación? Desde luego, que ni Puigdemont ni Mas lo hicieron. Fuimos los españoles los que asumimos parte del gasto.
Veamos como escapó al control de Hacienda. Montoro decretó quince días antes de la celebración del referéndum ilegal la intervención de las cuentas de la Generalitat. Eso se tradujo en dos actuaciones, en la firma de un decreto de no disponibilidad presupuestaria y en el control de cada euro que gasta la Generalitat para pagar a sus proveedores, a través del archiconocido Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
El decreto de no disponibilidad lo levantó poco después para reanudar las ayudas del Gobierno central y se mantuvo el FLA ¿Cómo controla Montoro el pago a los proveedores? A través de una interventora, Rosa Vidal, a sueldo del Estado, que acredita con una firma de su puño y letra que el dinero se utiliza para el uso a que se declara. La interventora ejerce controles sobre el gasto y rastrea el uso de las facturas, gracias al apoyo de cinco interventores adjuntos y un extenso departamento de apoyo de 270 funcionarios. En caso de que se descubriera algún desvío de partidas para otros objetivos, la interventora incurriría en responsabilidades incluso penales, por haber tergiversado la información.
Montoro afirma de manera tajante que no se desvió ni un euro, porque todas las facturas están supervisadas y ratificadas por la intervención. Ahora están revisándose de nuevo. Y por eso creo que el ministro no miente. Otra cosa es que lo que afirma sea verdad. Montoro dice lo que debe decir, porque si no tendría que demostrar lo contrario y cesar de manera fulminante a la interventora y reestructurar el departamento.
El problema está en si la intervención de la Generalitat es capaz de conocer cómo se gasta hasta el último céntimo. Los gastos pueden ser camuflados ante la Intervención bajo conceptos genéricos, que no permitían sospechar sobre su utilización final. Ya antes del referéndum se imputó al secretario general del Departamento de Economía, Lluis Salvadó, por presumir de que había destinado dinero para la consulta.
Poco después, un informe de la Guardia Civil desveló unos correos entre Oriol Junqueras y su número dos, Josep Maria Jové, así como con el entonces portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, en los que este último le pedía 3,4 millones para "una campaña de contenido cívico sobre el referéndum".
Los investigadores de la Benemérita, en el informe final remitido al Supremo y sobre el que el juez levantó esta semana el secreto del sumario, concluyen que finalmente se suscribió un contrato por 277.800 con la Corporación Catalana de Medios (TV3) para una campaña previa al referéndum cuyo lema fue "Si o no, naciste con el derecho a decidir". Obviamente, este gasto no pasó por el control de Hacienda como pago a proveedores.
La Administración ca- talana maneja un presupuesto de miles de millones anuales, que distribuye dentro de sus consejerías. Algo similar ocurre con los 217.000 euros utilizados por Diplocat para pagar observadores internacionales o la consultora The Hague Center for Strategic Studios. Hacienda no tenía potestades para indicar al Gobierno de la Generalitat sin el 155 en vigor en qué debe gastar su presupuesto y es muy difícil probar la ilegalidad del uso que hace de éste el departamento de Exteriores, que Raúl Romeva creó para internacionalizar el conflicto.
En cuanto al coste de las papeletas y la distribución de propaganda electoral, la Guardia Civil constata la existencia de un contrato de 979.000 euros con Unipost. Su director general, Pablo Raventós, declaró tras su detención que se había limitado a firmar en 2016 un convenio marco con la Generalitat para realizar "envíos periódicos", pero desconocía su contenido. Desde luego, que hay que estar ciego, además de sordomudo, para no darse cuenta que en los sobres iban las papeletas del 1-0.
El juez Llarena imputó por este asunto a los responsables de las consejerías de Cultura, Vicepresidencia y Economía, Hacienda, Salud, Trabajo y Presidencia. Pero para Hacienda, tal gasto no existió. Montoro extremó el control sobre los proveedores en octubre de 2017 y el convenio está firmado más de un año antes y no conllevaba facturas por medio.
En total, los costes relacionados con la publicidad del referéndum ascienden a cerca del millón de euros, incluido el reparto de papeletas. Los investigadores del Instituto Armado constatan en su informe que ni siquiera existe un asiento contable en el Registro de Facturas de la Generalitat.
Es obvio que hubo malversación de dinero público para el referéndum ilegal, pero tendrá que ser el juez Llarena quien lo demuestre, porque los coladeros de cualquier administración son numerosos y el control de Montoro se limita a una parte del gasto de la Generalitat, como empieza a reconocer el Gobierno, aunque sea un poco tarde.
PD.-Para guerra de administraciones, la que libra Cristina cifuentes con Esperanza Aguirre e Ignacio González. La presidenta denunció esta semana a la anterior administración madrileña por las presuntas irregularidades en la frustrada Ciudad de la Justicia. Como ya señalamos en esta tribuna, el entorno de González fue quien filtró el máster de Cifuentes. El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Salvador Perelló, que presume de ser el primero en conocerlo, fue solo un instrumento utilizado para tal fin. De hecho, reconoce que encontró el dossier en un sobre en su buzón de correos. Cifuentes, buena conocedora de sus enemigos, no da tregua y consciente de que tendrá que sacrificar su cargo, quiere morir... matando, como se suele decir.