Los empresarios catalanes conocidos por sus simpatías con el secesionismo marcan distancias respecto al procés. Lo hacen en grados diversos. Los hay que se limitan a criticar o renegar de palabra del independentismo, como ahora hace Jaume Roures. Otros llegan a amenazar con trasladar sus negocios si regresan las acciones unilaterales. Es el caso de Víctor Grifols, quien ahora olvida sus antiguos llamamientos a Artur Mas para que "no se arrugase". Sin embargo, pese a las diferencias, puede afirmarse que la base empresarial que jaleaba, y financiaba, el procés se resquebraja.
Sin duda, se trata de una reacción tardía, que ha esperado a que el daño a la economía catalana se hiciera evidente, con el retroceso de todos los indicadores de actividad en Cataluña a finales de 2017 y, sobre todo, con la mudanza de domicilio de más de 3.000 empresas. Pero la mayor crítica que se puede hacer a este cambio de postura es que aún está muy lejos de resultar suficiente.
El independentismo continúa paralizando Cataluña. Lo iba a mostrar el Pleno del Parlament del lunes, ya suspendido, cuyo objeto era debatir la investidura de un candidato encarcelado (Jordi Sànchez), carente de autorización judicial para asistir a la sesión.
Pero igualmente grave es el hecho de que el riesgo de huida de inversiones y de traslados de centros de producción sigue en pie, como esta semana dejó claro el Círculo de Directivos de Habla Alemana.
No basta, por tanto, con que los ejecutivos que antes apoyaban el secesionismo ahora se alejen y adopten un perfil bajo. Urge que, por encima de sus afinidades políticas, asuman un compromiso valiente y más decidido frente a un fenómeno, el procés, que constituye la más grave amenaza para el futuro económico de Cataluña.
