Los sindicatos de Opel en Figueruelas (Zaragoza) viven en Babia. El grupo PSA, dueño de la marca desde finales del año pasado, amenazó con suspender una de las dos líneas de montaje, la dedicada al Corsa, que se produce en este centro para toda Europa. El motivo es que los centrales sindicales se niegan a aceptar el plan de competitividad para equiparase con el resto de fábricas de Peugeot-Citroën en nuestro país. Aún más sorprendente me parece que prácticamente el 90 por ciento de la plantilla secundó una protesta el jueves a la hora del bocadillo, en la que coreaban la dimisión del director general, Antonio Cobo. Como si echarlo fuera una solución para sus problemas.
Cobo envió una carta a cada trabajador el día anterior, en la que aseguraba que el coste por hora producida era el 17,2 por ciento superior al de otras plantas del grupo, se trabaja 47 horas menos al año, se cobran más pluses y se carece de flexibilidad. Como colofón a su misiva, advertía que desde la dirección gestionarán "la pérdida de empleo de la forma más racional y eficiente posible". Un jarro de agua fría... helada.
Alrededor de la hora en la que se celebraba la protesta, el director general reconocía en un encuentro con el presidente de Aragón, Javier Lamban, y la consejera de Industria, Marta Gastón, que no sabía si aún era posible modificar las instrucciones llegadas desde París. Una prueba de que la decisión escapa de sus manos.
Hace tiempo que en el runrún del mundillo del motor se hablaba del exceso de capacidad de Figueruelas y los planes del grupo para achicar su tamaño. El presidente del grupo PSA, Carlos Tavares, se reunió nada más adquirir Opel en marzo de 2016 con la canciller alemana, Angela Merkel, y con la primera ministra británica, Teresa May, a las que prometió el mantenimiento de la plantilla de los centros productivos de Opel en ambos países.
El último en visitar fue a Mariano Rajoy en Moncloa, un mes después de la adquisición. Tavares reafirmó su compromiso con España, donde es el primer fabricante de automóviles, pero ni una mención al empleo. ElEconomista fue el único medio en advertir que la plantilla no estaba garantizada en Figueruelas.
No obstante, la empresa anunció inversiones para mantener la segunda línea de montaje con nuevos vehículos, e incluso para ampliar las instalaciones de carrocerías, que ahora quedan paralizadas. Un esfuerzo de cerca de mil millones de euros.
En estas circunstancias, me parece descabellada la propuesta de sindical, que no solo exige mantener las condiciones privilegiadas de la plantilla, sino recuperar 170 empleos rescindidos. La suspensión de las negociaciones del convenio ofreció, en realidad, la excusa a PSA para desempolvar los planes para este centro. La reacción del grupo automovilístico puede parecer exagerada o sorprendente, pero no lo es.
Tavares dio la vuelta como un calcetín a los resultados. PSA pasó de las pérdidas que hipotecaban su porvenir a tener una brillante trayectoria por delante, con tres años consecutivos ya en positivo, gracias a estos planes de productividad.
España es el segundo productor de automóviles europeo y el octavo del planeta, pero su relevancia no es garantía de futuro. El hecho de carecer de marcas propias con sede central en nuestro país convierte esta industria en extraordinariamente vulnerable. Las decisiones se toman fuera de aquí, en el lugar de origen, a cientos o miles de kilómetros. A los directivos no les temblará el pulso para trasladar la producción al lugar que cumpla los requisitos de competitividad que requieren.
La industria automovilística pasa por un momento delicado como consecuencia de al menos tres grandes retos, que guiarán su transformación. El desafío de la reducción de las emisiones progresivamente, hasta llegar a cero con el automóvil eléctrico, que además requerirá mucha menos mano de obra para su fabricación; el reto de la conducción autónoma y el cambio del modelo de propiedad individual a otro de propiedad compartida, ya ensayado por las grandes marcas en ciudades como Ma- drid.
No parece, en definitiva, el mejor momento para andar echando un pulso a los nuevos propietarios de Opel, que arroja número rojos por décimo año seguido. Estamos en el albor de la cuarta revolución industrial. Los sindicatos deberían asumir la globalización, en lugar de azuzar a los empleados con convocatorias masivas o revoluciones a la hora del bocadillo, si quieren defender el tamaño de la plantilla, en vez de encogerla. Quedan 48 horas decisivas para alcanzar un acuerdo, hasta el próximo lunes, y evitar un ajuste en la planta de Zaragoza.
Figueruelas no es un caso aislado. El independentismo está poniendo en duda la continuidad de Seat en Martorell (Barcelona). Las constantes bufonadas de Carles Puigdemont y sus provocaciones al Estado y a la democracia desde Bruselas o Copenhague generan inquietud en todas las empresas con intereses en Cataluña. Suez, dueña de Aguas de Barcelona, redujo esta semana sus previsiones de beneficios de explotación por culpa de Cataluña. Un aviso a navegantes.
PD.-La investidura de Puigdemont será la protagonista de la semana entrante. El lío catalán tapa, de momento, el juicio de la trama Gürtel en Valencia. Las inculpaciones de su ex secretario general, Ricardo Costa, amenazan con alcanzar a los anteriores presidentes de la Generalitat, Francisco Camps y Alberto Fabra, así como a la actual presidenta del PP en la comunidad autónoma, Isabel Bonig. El riesgo de que la corrupción se interponga en el acuerdo presupuestario de Cristóbal Montoro con el PNV o Ciudadanos es alto. Los Presupuestos vuelven a estar en el aire.
