El Gobierno tiene una segunda oportunidad para hacer las cosas bien en el asunto del almacén de gas Castor. La decisión del Tribunal Constitucional de anular el sistema de compensación a ACS y Escal abre las puertas a revisar las cantidades pagadas por una planta que, evidentemente, no estaba ni bien diseñada, ni contaba con los análisis necesarios de seguridad ni de coste.
Por ese motivo, el Ejecutivo debe abrir la puerta a una de las reclamaciones que desde hace años ha planteado la oposición para crear una comisión de investigación. El Partido Popular siempre ha frenado esta opción, puesto que gran parte de los permisos se otorgaron durante gobiernos socialistas, incluido el reconocimiento de más de 1.279 millones a los promotores por parte del exministro de Industria, Miguel Sebastián.
El Gobierno tendrá que buscar ahora una fórmula para fijar un nuevo sistema de pago a las entidades financieras que pusieron los 1.350 millones que se le entregaron en apenas 35 días a los promotores, pero si atendemos a la sentencia del Constitucional, en esta ocasión tendrá que justificar la forma de pago y deberían de existir opciones para cuestionar las cantidades.
El Ministerio de Energía se apresuró a decir que la cantidad de la indemnización no se ponía en duda, pero una vez se ha abierto la posibilidad de generar un nuevo sistema de pago, resulta evidente que también las cantidades deben ser revisables. Por el momento, no existe ningún organismo que certifique la existencia de dolo o negligencia, pero no olvidemos que todavía hay una causa abierta en el juzgado de Vinaroz que, tras años de investigación y de un constante cambio de jueces, no se ha cerrado. Por lo tanto, la Justicia aún no ha dicho su última palabra en este asunto. Esperemos que en los próximos meses la situación se aclare, pero vaya por delante que el asunto no será fácil. Otro de los frentes que se abren ahora es qué va a pasar con los 200 millones de euros que los consumidores de gas ya han abonado a esta planta y que han sido pagados a los bancos. Las opciones son varias: los bancos deben devolver el dinero al sistema gasista y reclamarlo a su vez al Go- bierno o, por contra, el Ejecutivo paga directamente al sistema gasista. Al parecer, en los contratos no estaba previsto ningun tipo de cláusula de cierre anticipado, pero evidentemente todos los contratos firmados son nulos.
Los clientes de gas, además, deberían tener derecho a una compensación por este pago indebido, pero el Constitucional no prevé nada en este sentido. Si los consumidores cargan con los intereses del déficit es lógico que se puedan beneficiar a su vez cuando han asumido un coste ilegítimo. Por el momento, no se ha movido ficha. El Gobierno solo ha aprovechado para aprobar la opa de Hochtief, filial de ACS, sobre Abertis, justo antes de acabar el año y eso que la españolidad se pierde.