Miles de taxistas pueden ir a la ruina por culpa de las huelgas salvajes de sus patronales.
"El taxi va a desaparecer". La frase sonó rotunda, procedente de un empresario que terció en una conversación sobre la huelga que intentó colapsar varias ciudades el miércoles pasado.
-¿Pero qué dices?, no exageres, inquirió un tercero.
-Porque los que no se adapten están condenados. Las nuevas tecnologías acabarán con sectores enteros tal cual los conocemos.
Los expertos en automoción vaticinan, además, que el coche autónomo sin conductor permitirá realizar tareas cotidianas, como recoger los niños en el cole o llevarte y traerte del trabajo.
Imagínense que los medios de comunicación hubiéramos decretado un apagón informativo de 24 horas para protestar por la competencia desleal de Google o Facebook. Al contrario, primero intentamos defendernos dando gratis los contenidos y luego reinventándonos para sobrevivir.
El taxi es el único colectivo que hace una huelga en la que el principal perjudicado es su cliente, que se queda sin posibilidad de utilizar ese medio de transporte. Lo que harán las empresas y los usuarios es buscar una alternativa, que no les quepa duda.
En España, existe la idea de que quien tiene una licencia pública tiene un tesoro y eso ya no es así. Hay cientos de quioscos de prensa que echaron la persiana en los últimos años, porque no supieron diversificarse y buscar alternativas a la venta de periódicos.
Ahora le toca el turno a los taxis. El Gobierno de Zapatero permitió la concesión de miles de licencias VTC (Vehículos de Turismo con Conductor) entre 2009 y 2012, de manera que éstas superan holgadamente en muchas ciudades el porcentaje de una por cada 30 taxis, que marca la Ley.
La proporción está ya en torno a un VTC por cada diez taxis, y se reducirá mucho más en el futuro. Los jueces han dado la razón uno por uno a todos lo que recurrieron porque su comunidad autónoma les denegó la licencia que solicitaron. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no puede ir contra los jueces, como explicó esta semana.
No es de recibo que los clientes de VTC tengan que reservar con una hora de antelación su servicio, como pide el taxi, o que acusen a estas empresas de vehículos con conductor de no pagar impuestos.
Es al revés, una gran mentira. Los taxistas cotizan como autónomos por módulos por el mínimo exigido, mientras que Cabify o Uber pagan Sociedades por sus servicios.
Es una pena que miles de familias que viven del taxi puedan acabar sin su negocio o sin trabajo en los próximos meses o años por la poca cabeza de algunas patronales, vinculadas a movimientos de izquierda, que reivindican los derechos imaginarios de sus asociados con paros salvajes.
Si los taxis quieren sobrevivir a la revolución digital tienen que modernizarse, incorporar aplicaciones de Internet específicas para facilitar su servicio, incrementar la transparencia sobre precios y recorridos o mejorar la presentación de los coches y los conductores. Da la impresión de que intentan encubrir sus problemas, echando balones fuera, al grito de "¡Que compitan ellos!"
Me recuerda a la archiconocida apelación de Miguel de Unamuno a "¡Que inventen ellos!" para criticar "la escasa europeización de España o españolización de Europa".
Un mercado libre o con pocas barreras de entrada es muy complicado. Las grandes multinacionales españolas, a excepción de Inditex, pertenecen a sectores regulados, es decir, que gran parte de su cuenta de resultados está a merced del político de turno.
Es el caso paradigmático de las eléctricas, que estos días se enfrentan al titular de Energía, Álvaro Nadal, para cerrar las centrales de carbón. Los precios de la luz, como hoy recoge elEconomísta, sufren la tormenta perfecta. En un año de sequía, con poco viento y con dos nucleares en parada técnica, su coste sube por encima del 10 por ciento anual.
Es comprensible que Nadal quiera evitar en estos momentos el cierre de las centrales de carbón. Pero no es urgente forzar la venta a un tercero, que las mantenga gracias a ayudas oficiales.
Habría tiempo hasta 2020, cuando entrará en riesgo la rentabilidad de estas plantas, para tomar una decisión. Y más cuando los ciclos de gas, en su mayoría en parada técnica, tienen un coste parecido.
El ministro de Energía afila así su armas para defenderse del siguiente asalto: la clausura de las nucleares, que propiciaría subidas de la luz del 25 por ciento, según sus cálculos. La primera licencia que vence es la de Almaraz a mediados de 2020. La siguiente batalla está a la vuelta de la esquina y Nadal está solo en defensa de las nucleares, frente a los socialistas y los movimientos de izquierdas y populistas que, paradójicamente, en esta ocasión cierran filas con un sector al que tienen en su punto de mira.
Al margen del rifirrafe energético, las miradas están puestas en el 21-D. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se mostró confiado esta semana en que el impacto del conflicto catalán sobre el resto de la economía española será escaso. Pronosticó una merma de tan solo el 0,3 por ciento del PIB en 2018, al igual que la mayoría de los análisis. Pero todo puede cambiar en función del resultado.
Un Gobierno independentista, aunque renuncie a la unilateralidad, prolongará la incertidumbre y la sensación de conflicto. Las declaraciones del candidato del PSC, Miquel Iceta, avaladas por el PSOE de Pedro Sánchez, de que Cataluña recaude todos los impuestos y encima obtenga el perdón de su deuda, son un adelanto del lío que se puede montar. El Ejecutivo que salga pedirá importantes compensaciones a Mariano Rajoy, que el PP no está en condiciones de ofrecer sin provocar el enfado del resto de las autonomías.
En estas circunstancias, Cristóbal Montoro se centrará primero en arrancar un compromiso al PNV para alargar hasta 2019 la legislatura y luego en crear una mesa de negociación con el PSOE para reformar la financiación autonómica. Pero creo que va a ser un esfuerzo baldío, como el de los cambios en la Constitución anunciado y abandonado en unas cuantas semanas.
No hay una fórmula mágica que pueda contentar a todos, si no es a costa de disparar el déficit y la deuda. España no está en condiciones de volver al despilfarro público, sería mortal para su economía y para su futuro. Así que vaticino unos comicios, sobre todo si el PNV se resiste a dar el visto bueno a las Cuentas del Estado para 2018.
Una reforma de la financiación autonómica solo puede ser abordada por un Gobierno con un amplio respaldo parlamentario o que logre un gran consenso político. Ni lo uno ni lo otro parece posible a corto plazo.
