Junts pel Sí y la CUP optaron por llevar al límite la confrontación con el Estado. Como adelantó elEconomista, aprobaron una declaración unilateral de independencia en el Parlament como respuesta a la aplicación del artículo 155.
El secesionismo volvió a protagonizar un dechado de irregularidades en una sesión en la que se desoyeron las advertencias de los letrados, se ausentaron los diputados de Ciudadanos, PSC y PP y se votó en secreto. Ante la acumulación de desafíos, la intervención de las competencias autonómicas, aprobada por el Pleno del Senado, resultó inevitable. Es más, el Gobierno opta por una aplicación de esa disposición constitucional más contundente y rápida de lo previsto. La destitución del president Puigdemont y de sus consellers era esperada. Más sorprendente resultó la intervención sobre el Parlament. El presidente Rajoy no se conformó con limitar sus poderes, sino que la Cámara quedará disuelta y habrá unas nuevas elecciones autonómicas en una de las fechas más tempranas que permite la ley: el 21 de diciembre. Esta celeridad se orienta a atajar la crisis institucional y económica en la que se halla sumida Cataluña, la cual se manifiesta en la huida de empresas y en la reducción de las expectativas sobre el PIB español. Tiene también lógica política. Así, en las próximas semanas, el bloque constitucionalista puede ganar posiciones, mientras entre los secesionistas se hacen más evidentes las disensiones que ya se manifiestan. Ahora bien, el adelanto electoral también implica claros riesgos. Existe la posibilidad de que los partidarios de la independencia logren una victoria, que pueden usar para forzar la convocatoria de un referéndum pactado o, en el peor de los casos, retomar la deriva de ilegalidades de los últimos meses.