La aplicación del Artículo 155 comienza hoy su andadura en Consejo de Ministros para acordar las medidas en que se concretará la intervención de la autonomía catalana. El proceso puede avanzar con rapidez, de modo que el viernes esas acciones podrían someterse al voto del Senado. Esa celeridad no implica, sin embargo, que la incertidumbre se disipe. Es muy posible que la Generalitat, para mantener la tensión, declare la indepencia a renglón seguido de la activación del 155.
Todo apunta también a que se afanará en obstaculizar las medidas a las que el Senado dé el visto bueno. En tan difícil escenario, resulta comprensible que el goteo de empresas que mudan su sede de Cataluña parezca imparable y ya roce las 1.200. Más de la mitad de ellas son compañías grandes (por encima de 250 trabajadores), según fuentes conocedoras de este registro. Ya puede afirmarse que Cataluña perdió más del 50 por ciento del censo de empresas de este tipo de que disponía.
El daño para esta autonomía es aún difícil de cuantificar, ya que la salida de muchas de estas compañías puede ser definitiva. No obstante, el perjuicio para la economía catalana es un hecho constatable, que aflora en los datos estadísticos más recientes de la Generalitat. Ahora bien, aunque la mudanza de sedes tenga como destino el resto de España, el conjunto de la economía española también está amenazada. Si la incertidumbre persiste, las empresas de mayor tamaño, especialmente las multinacionales, se replantearán sus inversiones, de modo que nuestro país puede quedar fuera de sus planes de crecimiento o I+D. Existe, por tanto, un serio riesgo de que el avance del PIB y la creación de empleo se trunque y España vuelva a los peores años de la crisis.