La Generalitat volvió ayer a dirigirse al Gobierno central, con motivo de la expiración del último plazo que Moncloa le concedió para volver a la legalidad. En la carta que firma el president Puigdemont, éste reconoce que no hubo una proclamación de independencia el pasado día 10. Con todo, pese a esa concesión, la misiva mantiene el pulso al asegurar que la Generalitat se reserva el derecho de declarar la secesión "si continúa la represión".
No queda, por tanto, otro remedio que la activación del artículo 155 que llevará a cabo el Consejo de Ministros del sábado. Es bien conocido que esta disposición constitucional deja todos los caminos abiertos en cuanto a las medidas específicas que se presentarán al Senado y los plazos para su aplicación. Ante esta indefinición, no puede extrañar que continúe abierto el debate entre PP y PSOE sobre los aspectos en los que se concretará el 155.
Los socialistas abogan por un nuevo adelanto electoral "que dé voz a los catalanes para que elijan un Gobierno que aplique su Estatuto", como explica en elEconomista el presidente de Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero. Para ello, el PSOE insta a una intervención rápida y muy limitada de la autonomía catalana. Los populares, por su parte, desconfían del efecto que tendrían esos comicios en una situación tan convulsa como la que Cataluña todavía presenta.
Se trata de una seria discrepancia de fondo, que ambos partidos tienen que esforzarse por dirimir. Sería muy perjudicial que el acuerdo que han mostrado sobre el ya ineludible recurso al artículo 155 aparezca fragmentado en el momento decisivo de su aplicación. La desunión sólo provocará una mayor tensión política y ahondará los daños que ya sufre la economía.