El auge de la economía colaborativa creó gigantes de los negocios online como Airbnb, Uber o Deliveroo. Su sintonía con las nuevas demandas de millones de consumidores no oculta, sin embargo, las sombras que rodean a aspectos clave de su actividad.
Así, la tendencia a actuar como meros intermediarios en el intercambio de bienes y servicios propicia la relajación de controles y la proliferación de actividades ilegales. Pero aún más directa responsabilidad tienen en el recurso a unas más que cuestionables prácticas fiscales. El mecanismo se basa en presentar como meras comisionistas a las filiales establecidas en países como el nuestro. En consecuencia, no tienen más ingresos declarados que los pagos, por prestación de servicios, que reciben de sus matrices, registradas en Estados de baja tributación como Irlanda. Se dan así situaciones insólitas como que las nueve principales empresas del sector, en 2015, pagaron a la Hacienda española sólo 2,8 millones en total.
Los detalles revelan más anomalías, como el hecho de que los ingresos de Airbnb sumaron 560 millones, pero solo aportó al fisco 55.000 euros. Este tipo de ingeniería es legal en la UE y, sin duda, la falta de armonización fiscal en el seno de la Unión la alienta.
Bruselas ha vuelto a abrir el debate sobre las posibilidades de que el Impuesto de Sociedades cuente con una base común, pero será complejo que ese proyecto prospere. Con todo, los Estados no deben paralizarse. Cuentan con el legítimo derecho a reclamar que toda actividad económica que se desarrolle en su territorio tribute en ese mismo país. La empresas de la economía digital deben acatar esa exigencia y reconocer que es inaceptable que hayan convertido la evasión fiscal en práctica habitual.
