El próximo desafío de la economía española será el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, era un directivo prudente que se puso al frente de un partido pujante, la antigua Convergencia i Unió (CiU), al que destruyó en un tiempo récord.
Como el hereu que se funde el patrimonio familiar en menos que canta un gallo, se equivocó al fomentar el separatismo y echarse en manos de Oriol Junqueras, al que las encuestas dan como ganador de los próximos comicios. Acabó fundido por su abrazo.
Un camino similar recorrió Juan José Ibarretxe en el País Vasco. El exlehendakari intentó quitar el espacio electoral a Bildu (antigua HB). Pero Iñigo Urkullu y Josu Jon Imaz (actual consejero delegado de Repsol) detuvieron a tiempo la deriva independentista. Gracias a ello, el PNV continúa gobernando en Euskadi, con una aceptación cada vez mayor entre los ciudadanos.
Mas no supo reconducir al nacionalismo catalán hacia la senda de la moderación y luego negociar desde una posición de fortaleza con el Estado. El resultado es el choque de trenes actual. Mariano Rajoy tiene también gran parte de la culpa por recurrir el Estatuto catalán ante el Constitucional. Pero, sobre todo, por la escasa presencia institucional del Estado en Cataluña en estos años. Enviar a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sirve ya de poco.
El cese del consejero de Empresa catalán, Jordi Baiget, después de que dijera que probablemente el referéndum no pueda celebrarse tal y como prevé el Govern y que hay división en el Ejecutivo respecto a la consulta, esconde una motivación económica.
Detrás de estas declaraciones está el temor a las sanciones que pueda acarrear. El exconseller dejó caer en su entrevista en el Avui, "Yo podría aguantar tener que ir a la cárcel, pero si va contra el patrimonio, pensemos en la familia..".
Es una buena reflexión y, efectivamente, es así. Los mártires suelen empobrecerse a causa de sus protestas. Baiget dispone de un patrimonio de unos 230.000 euros, incluidos sus bienes inmuebles, al igual que esposa, también funcionaria de la Generalitat, según sus declaraciones públicas.
La multa de 36.000 euros a Artur Mas fue abonada gracias a la solidaridad de los militantes, pero es difícil que esto ocurra con todo el Govern. La desobediencia civil se castiga en el Código Penal con una sanción equivalente a entre 6 y 18 meses y entre 2 y 400 euros por día, poco más de 200.000 euros como máximo.
El Código Penal permite cargar contra el patrimonio de los miembros del Govern los gastos del referéndum si así lo deciden los jueces, amén de otra serie de delitos. El Tribunal de Cuentas cifra el dinero destinado a la consulta ilegal del 9-N en más de 5 millones y un informe interno de la Fiscalía eleva este dato hasta los 10 millones. El Ejecutivo de Rajoy tiene como objetivo recuperar todo el dinero malversado, así como evitar el gasto que podría suponer el referéndum.
El temor a ser sancionados con la pérdida de empleo y sueldo frenó la colaboración de los funcionarios de la Generalitat y ha provocado la mayor remodelación del Ejecutivo catalán. Se quedan solo los más fieles a Puigdemont y a Junqueras, una especie de muyahidines, dispuestos a sacrificarse a cualquier precio. Lo que no han logrado los políticos por la vía del entendimiento para evitar el referéndum, quizá lo consiga Rajoy intentando meter la mano en el estrecho bolsillo de Puigdemont. Sus consejeros y él mismo, se tentarán mucho sus ropas, antes de tomar decisiones comprometidas para su patrimonio.
PD.- En el bolsillo está la clave del rescate lanzado por el Santander de Ana Patricia Botín a los clientes y antiguos accionistas del Popular para recuperar su confianza. El Santander pretende ahorrarse el coste de cientos de litigios, a la par que recupera la confianza de los clientes más solventes del Popular, a cambio de devolverles el dinero de la última ampliación. Una parte pequeña en comparación con el capital invertido y perdido. Por eso, muchos bufetes recomiendan no aceptarlo. Recuerde que estos son los primeros interesados en los litigios. Las prisas nunca son buenas. En cualquier caso, hay que esperar a conocer la letra pequeña antes de tomar cualquier decisión.
