Dicen que a perro flaco, todo se vuelven pulgas. El miércoles, una noticia de Reuters sobre la posible intervención del Banco Popular por parte del BCE tiró la acción casi el 7 por ciento; el jueves otro infundio sobre el Fondo Monetario la mandó a los infiernos, con una caída del 18 por ciento y el viernes se desplomó otro porcentaje similar, después de conocerse por elEconomista que el Santander es la única opción de salvar entidad. Los 1,2 euros por acción, equivalentes a unos 5.000 millones, que Francisco González ofreció al expresidente de la entidad, Ángel Ron, a finales del año pasado, se antojan inalcanzables.
El mercado descuenta un precio mucho más bajo, probablemente en el entorno de 30 céntimos. Es la cruda realidad. De los tres grandes bancos que mostraron algún interés por su adquisición (Santander, Bankia y BBVA), todos escurren el bulto.
González hizo llegar a Moncloa un 'no' tajante. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, trasladó al ministro de Economía, Luis de Guindos, que un banco público no puede asumir la responsabilidad de sanear otro de tamaño menor, pero con un agujero, en estos momentos, "desconocido".
"Nos puede llevar por delante", vino a decir el vasco.
El Santander tampoco está interesado, si no es a un precio negativo. Pero es el único que aún escucha la peticiones del Gobierno y del Banco de España para que estudie una oferta por el Popular, su única esperanza de que aún pueda ser salvado. En eso Ana Botín aprendió de la sabiduría de su padre, que siempre procuraba ayudar a los Gobiernos.
Como siempre, la clave estará en el precio. El coste que se baraja está en poco más de 1.000 millones de euros, que descontados los 1.250 millones que la entidad tiene en CoCos, los bonos contingentes convertibles, alguna quita que pueda aplicar a la deuda y los créditos fiscales, quedaría en un valor negativo. La oferta pudo ser traslada por Emilio Saracho a su consejo de administración esta semana. Ahí está el otro problema. Saracho se niega a vender a precio de derribo: "Para eso, que me intervengan", se le ha oído decir por el banco.
El presidente encargó en paralelo al nuevo consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín, una ampliación de capital. Asiaín era optimista la semana pasada, porque detectó interés de algunos fondos de inversión de entrar a un precio ajustado. Además, contaba con el apoyo de accionistas de referencia, que promovieron la rebelión desde dentro, como Antonio del Valle o la familia Luksic, que tomó el 3 por ciento hace unas semanas.
Pero la ampliación requiere un tiempo que, probablemente, el banco ya no tenga, con sus títulos cayendo a plomo y el mercado infectado de rumores de intervención cada mañana. En estas circunstancias, el riesgo de que haya habido un deterioro adicional del balance, que aún no esté contabilizado, es elevado. Algunas fuentes estiman en 8.000 millones la retirada de fondos y depósitos en estos últimos meses, que se produjo de manera tranquila, sin sobresaltos, gracias a la mejoría del clima económico.
Pero, ¿cuánto tiempo puede permitirse el Popular esta situación? La respuesta es sólo unos días. Si el mercado no se calma, Saracho está abocado a aceptar la venta del banco a cualquier precio o desafiar al ministro de Economía con que inyecte dinero público para evitar que se ponga en marcha el mecanismo de intervención por parte de las autoridades europeas. En estos momentos, existe un pulso entre ambos. Guindos, de viaje en Washington, niega cualquier esquema de ayuda.
Poco queda del entusiasmo que despertó la llegada de Saracho a la presidencia de la entidad a finales de febrero. Desde la Junta de accionistas en la que se estrenó, el panorama se ha complicado muchísimo. No se anduvo por las ramas; desde el primer momento dijo que la única salida era la venta o una macroampliacion. Una sinceridad a la que no están acostumbrados los inversores, que reaccionaron con un duro castigo en bolsa.
Se le reprocha que jamás dijera palabras de apoyo y confianza en el futuro de la entidad para cubrirse las espaldas ante posibles demandas si fracasaba en el intento. Tuvo que ser Guindos quien sugirió el nombre de Bankia y este sábado, el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien intentó tranquilizar a los atribulados clientes e inversores.
Se critica que Saracho parara a finales de diciembre la venta de Totalbank hasta su llegada y ahora no logre cerrar los flecos para su enajenación. También tuvo que desdecirse de la venta de WiZink, porque las expectativas de ingresos estaban muy por debajo de lo anunciado. Seguramente, el presidente del Popular tiene una estrategia muy meditada, pero no ha sabido transmitirla, nadie sabe cuál es. La desconfianza es el peor enemigo para un banco.
Todo está en manos del Banco de España y del Gobierno, que evalúan la repercusión negativa que tendría para la confianza de los inversores extranjeros en España y para el resto del sector financiero la caída del Banco Popular. En 2008, el consejero delegado de Lehman Brothers, Richard Fuld, no convenció a las autoridades estadounidenses para que rescataran la entidad. Hoy se considera un error. ¿Es el Popular demasiado grande para caer? Esa es la cuestión. Parece que no.
PD.- La batalla está servida en el accionariado de Sacyr. La labor callada ejercida por el tándem de Manuel Manrique como presidente, y de Demetrio Carceller, como primer accionista, ha permitido restablecer el antiguo brillo y las buenas perspectivas de la constructora, tras la salida de Luis del Rivero. La entrada en escena de José Moreno Carretero amenaza con romper este equilibrio y recuerda al asalto que protagonizaron en el pasado algunos constructores a grandes sociedades cotizadas con fines poco claros. Carretero, amigo íntimo del expresidente de Sacyr, intenta emular aventuras como la de Trinitario Casanova en el Popular o la del propio Del Rivero en BBVA, que acabaron en sonoros fracasos.
