Cuando en 2012, en plena crisis económica, Portugal puso peajes en todas sus autopistas públicas, los ojos de millones de ciudadanos se volvieron hacia el Gobierno español. ¿Seguiría España los pasos de su vecino luso? Los dos países tenían una acuciante necesidad de reducir su déficit y su única opción era subir los impuestos a costa de estrangular el crecimiento.
El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la economía española. De los 70 millones de visitantes extranjeros que recibimos anualmente, 13 millones, alrededor del 20 por ciento, lo hace a través del automóvil. Del resto de la tarta, 40 millones son franceses, británicos o alemanes que llegan por avión, pero luego utilizan las carreteras para desplazarse por el interior. La ministra de Fomento, Ana Pastor, concluyó que los peajes podían infligir un serio golpe a la gallina de los huevos de oro de la economía española: el turismo. Y dijo no.
Su sucesor, Íñigo de la Serna, anunció a comienzos de este año el fin de las concesiones de dos de las grandes autopistas de peaje bajo gestión de Abertis. La AP-7 entre Alicante y Tarragona quedará liberada a finales de 2019, al igual que la AP-4, que une Sevilla y Cádiz.
¿Por qué no prorrogar las concesiones? Detrás hay una decisión política para congratularse con los habitantes de estas zonas y con muchos ciudadanos, que se preguntaban por qué ellos siguen pagando peajes cuando las autovías del resto de España son libres. La calidad y la gratuidad de las infraestructuras es uno de los aspectos más valorados por el viajero internacional para elegir España como destino de sus vacaciones.
El anuncio supone un duro golpe para la cuenta de resultados de Abertis. El negocio procedente de su actividad en nuestro país caerá siete puntos, del 26 por ciento al 19 por ciento. España pasará de ser el segundo país que más ingresos aporta a hundirse en los últimos puestos del ranking en el futuro. Abertis gestiona otras muchas autopistas cuyas concesiones van hasta 2024.
La decisión oficial movió a la reflexión en la sede de la compañía presidida por Francisco Reynes, y sobre todo, del grupo Criteria, bajo el paraguas de La Caixa. No tiene sentido mantener la españolidad de una compañía cuya actividad está llamada a desaparecer en nuestro país, fue la primera lectura que sacaron sus directivos.
La familia Benetton, que ya había cortejado a Abertis hacía una década, era un interlocutor idóneo. El grupo bancario e industrial presidido por Isidro Fainé busca repetir la operación de 2009, con la venta de Aguas de Barcelona al grupo francés Suez, uno de los líderes mundiales en estos servicios.
La Caixa bajó su participación en Agbar del 70 al 20 por ciento, a cambio de convertirse en el segundo accionista de Suez y tomar el control del grupo asegurador Adeslas. Una operación redonda. Ahora, perdería el control de Abertis a cambio de tomar el 15 por ciento del futuro grupo líder de autopistas mundial, resultante de la suma de las dos. Ello lo convertiría en el segundo accionista, por detrás del 25 por ciento de los Benetton.
Las negociaciones se interrumpieron a mitad de la partida, porque los Benetton lanzaron la opa, desesperados ante la dificultad para alcanzar un acuerdo con Criteria-La Caixa. Al parecer, el propio Mariano Rajoy, de visita oficial en China, puso un whatsapp de madrugada a sus ayudantes oficiales para que le explicaran qué había pasado, ya que no había sido informado.
El Gobierno tiene la sartén por el mango. Debe autorizar la hipotética fusión, al ser dueña de Hispasat, la empresa que controla los satélites del Ejército español, entre otros. También debe renovar las concesiones futuras. Hasta la semana pasada, nadie se había puesto en contacto con Moncloa. El presidente de Atlantia, Giovanni Castelucci, prepara su viaje a Madrid para reunirse con las autoridades españolas.
El enfado en el Ejecutivo es manifiesto, ante la ausencia de consultas. La Caixa está consiguiendo su objetivo, enfriar la operación para obligar a que los italianos vuelva a la mesa de negociación. En medios cercanos a la entidad se muestran tranquilos, están acostumbrados a mantener el pulso largos períodos, hasta lograr su objetivo. No tienen prisa por vender.
La partida maestra de Fainé es a largo plazo y algo más compleja. Incluye recuperar la nacionalidad de Endesa mediante una fusión con Gas Natural, presidida por el propio Fainé, para animar al Gobierno español.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, cerró filas con Manuel Pizarro para frenar a los italianos y en las últimas fechas zumba la pavana a Endesa por el cierre de las minas de carbón. Estaría encantado. Enel guarda silencio, al igual que su socio, Mediabanca. Las cuentas no salen, Endesa es muy cara.Pero hay voluntad por ambas partes y con el cash de Atlantia seguirá intentándolo. Los políticos no serían un obstáculo.
