Tras varias demoras, el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley de reforma de la estiba portuaria. El Gobierno da así el primer paso en un proceso que se prevé arduo. No en vano aún tendrá que enfrentarse a la tramitación en el Congreso, mientras que, en marzo, comenzará una huelga del sector.
Pese a estas dificultades, es necesario que la reforma salga adelante. En primer lugar, porque urge cumplir con el mandato de la UE para acabar con un régimen laboral privilegiado, en el que no existe libertad en cuanto acceso a la profesión, control de jornadas y organización del trabajo. El retraso a la hora de atajar ese anacronismo ha costado a España más de 120 millones en multas, y el Ejecutivo no puede plegarse al chantaje que los sindicatos del sector ya despliegan, a través de la reducción encubierta de su actividad o del recurso sin escrúpulos al sabotaje.
Pero aún hay razones de más alcance en el largo plazo para defender la reforma. La modernización de los puertos no puede aplazarse más tiempo, especialmente en lo que concierne a Valencia y Algeciras. Ambos disfrutan ya la categoría de hubs, es decir, de puntos en los que confluyen las líneas navieras de largo recorrido, en los que además se redistribuyen las mercancías para su envío a destinos más cercanos.
El siguiente paso que deben dar consiste en automatizar los procesos de carga y descarga con objeto de bajar costes. De nada servirá propiciar esa modernización, si la logística de la estiba sigue sometida a un régimen de monopolio excluyente.
Mantener ese statu quo implica defender un peligroso inmovilismo, que anquilosará nuestros más importantes puertos, a la hora de competir de competir con instalaciones más modernas como Tánger o Sines (Portugal).
