E l presidente venezolano Nicolás Maduro ha reestructurado su gabinete. Tarek El Aissami, adalid del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha sido nombrado vicepresidente ejecutivo. Deja de ser gobernador del Estado de Aragua para sustituir a Aristóbulo Istúriz que pasa a dirigir las fusionadas y centralizadas carteras de Finanzas y Economía, medida que los empresarios ven con escepticismo. Quieren un cambio de modelo, no la profundización del actual desastre.
Istúriz era una figura de consenso aceptable como interlocutor para la oposición. Con El Aissami, procedente del núcleo duro, son improbables las reformas. La imagen del Estado venezolano en el exterior empeorará aun más. La maniobra muestra la única aspiración del régimen: la mera supervivencia.
Carente de visión y liderazgo, Maduro sabe que difícilmente puede imponerse a la vez en dos frentes. Por un lado está la oposición. Por otro un sector de los chavistas descontentos, que presionan para que negocie o le instan a dimitir. El intrigante mandatario ha optado por blindar su Ejecutivo incluyendo a los más leales y fundamentalistas. Estos personajes reprimirán las protestas y tumultos provocados por el desabastecimiento. Es de temer que también las manifestaciones de la oposición organizada.
El Departamento de Estado de EEUU sostiene que El Aissami tiene vínculos no sólo con cárteles del narcotráfico, sino igualmente con las redes internacionales del extremismo islamista. El joven y enigmático líder de 42 años se ha caracterizado por llevar al extremo el ideario de la revolución socialista de su mentor, Hugo Chávez. Presenta, asimismo, incógnitas la designación de Nelson Martínez para encabezar Petróleo y Minería, ministerio que se convierte en instancia fiscalizadora de la industria petrolera. Una decisión que responde al acuerdo alcanzado en la OPEP para controlar mensualmente la producción de crudo de los países exportadores. Otros cambios son la vuelta de viejas caras chavistas, como Adán, hermano del caudillo, al frente de Cultura, y el excanciller Elías Jaua en Educación.
Según la consultora venezolana Datanálisis, casi la mitad de la población se identifica como independiente o ?ni-ni?. Harta del conflicto entre el régimen y la oposición quiere paz, diálogo y el fin de la penuria. La alianza Mesa de Unidad Democrática (MUD), con el 27 por cien, supera ampliamente al principal partido chavista PSUV que apenas suma el 18 por cien.
La operación para destituir a Maduro quedó frustrada el año pasado con la suspensión del referéndum revocatorio del mandato presidencial que hubiera permitido la convocatoria electoral. Esa posibilidad se extinguirá el martes. Recuérdese que de no haber revocatorio antes de esta fecha, el vicepresidente asume el cargo si el gobernante, por cualquier motivo, deja el Palacio de Miraflores.
El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien reemplazó a su aliado Henry Ramos Allup, ha perfilado la hoja de ruta de la MUD. El jefe de la cámara, controlada por la oposición, declarará que Maduro abandonó el cargo de presidente y sus obligaciones constitucionales. No cumplió sus deberes amén de llevar al país a su peor crisis. La idea de Borges para avanzar es realizar, aparte de las regionales que debieron haberse hecho en 2016, unas elecciones generales - presidenciales e incluso legislativas - adelantadas.
La Constitución chavista dispone que el presidente solo puede ser reemplazado por muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Supremo, incapacidad física o mental permanente, revocatorio o abandono del cargo declarado por la Asamblea. A este último punto se aferra ahora la oposición. Se argumenta que la iniciativa es ?abstracta? y ?difícil de probar?. Pero la gravísima crisis socioeconómica y la violencia son argumentos obvios. Bastan dos datos. El año pasado más de un millón de empleos se perdieron en Venezuela; en tres años la inflación acumulada es de 4.200 por cien, la más alta del mundo. Y desde 2013 han sido más de 100.000 los venezolanos asesinados.
El chavismo manipula la Corte Suprema para violar la Constitución, manteniendo la tesis de que la Asamblea está en desacato hace meses por decisión del Tribunal. Esto inhabilitaría sus decisiones, incluyendo la designación de la nueva dirección. Por no mencionar la cada vez más remota posibilidad de diálogo. La Santa Sede y Unasur habían propuesto el plazo hasta el 13 de enero para avanzar en unas ya precarias negociaciones. La oposición ha descartado retomarlas ante el bloqueo de Maduro.
Las sucias maniobras de un régimen corrupto y moribundo no pueden continuar. 2017 debe ser el año en que Venezuela empiece a salir de la crisis más grave de su historia.
